La mejor manera de reconocer rápidamente si una decisión tiene tinte político electoralista o busca generar el bienestar de la población a largo plazo, es ver el número de artículos que son incluidos por el Parlamento durante el estudio del Presupuesto General de la Nación.
Al ser una normativa anual (comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre), un artículo no previsto por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto solo permite realizar acciones de corto plazo, carentes de análisis técnicos que sustenten las ventajas o desventajas de su aplicación para la gente.
Históricamente, los legisladores utilizaron el estudio del Presupuesto como un mecanismo de presión hacia el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y otros organismos del Estado.
Si bien el Parlamento tiene la potestad de modificar el plan de gastos del Estado, incluir artículos que durarán solo un año, pero que pueden cambiar planes económicos de largo plazo debería ser analizado detenidamente por los legisladores. Y uno de esos casos donde se generan dudas acerca del objetivo real de las decisiones parlamentarias fue la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2017 de un artículo que fija límites a la política monetaria administrada por el Banco Central del Paraguay.
Independientemente de las dudas que se pueden tener acerca de la efectividad del control que ejerce la banca matriz sobre las entidades de intermediación financiera, es natural pensar que no se debería modificar una ley aprobada por el propio Congreso –que se supone contó con el análisis de varias comisiones parlamentarias antes de su aprobación–, con una propuesta sobre la marcha (o sobre tablas, como se dice en la jerga parlamentaria), durante el estudio de una de las leyes económicas más importantes del país como es el Presupuesto.
Aún si se partiera de la premisa de que la banca matriz y los bancos tienen un acuerdo no escrito, donde ambos obtienen ganancias a costa de los clientes, lo lógico y responsable sería presentar un proyecto para modificar las normativas financieras, endurecer los controles e impedir o por lo menos reducir prácticas fraudulentas. Pero no buscar sacar provecho de una sesión maratónica de doce horas –y casi al final del encuentro, cuando el cansancio mental y físico priman tras analizar miles de millones de guaraníes– para incluir artículos dudosos.
Un representante de los intereses del pueblo tiene la obligación de proponer y mejorar normativas, para que los beneficiarios finales sean todos los habitantes de un país, y plantear propuestas para que los sectores económicos menos favorecidos tengan la posibilidad de tener una vida digna. Incluir peleas político-partidarias en el tratamiento del Presupuesto hace daño a todos. Los habitantes de este país merecemos políticos más interesados en educación y salud, y no aquellos que solo piensan en su beneficio personal.
