Batista, de 60 años, habló durante más de 2 horas ante los agentes de la Policía Federal en Río de Janeiro, ciudad que fue testigo de la estrepitosa caída de uno de los empresarios más conocidos de Brasil. Antes de prestar declaración, la defensa del multimillonario negó que Batista, en principio, pueda firmar un acuerdo de “delación premiada” con la Justicia, una práctica común entre los detenidos por su implicación en casos de corrupción y que ha salpicado a numerosos políticos de todo el arco partidario. “Por el momento no”, se limitó a decir el abogado de Batista, Fernando Martins, cuestionado por periodistas.
Batista está acusado del pago de comisiones ilegales por unos 16,5 millones de dólares a Sérgio Cabral, gobernador de Río de Janeiro entre 2007 y 2014, para adjudicarse contratos públicos, sobornos realizados a través de una cuenta en el TAG Bank, un banco brasileño afincando en Panamá. Según la Fiscalía, para el pago de esas comisiones, Batista usó un contrato “ficticio” que simuló la compra de una mina de oro a testaferros de Cabral, en prisión desde noviembre por la creación de una “organización criminal” que le permitió ocultar en cuentas en el exterior hasta 100 millones de dólares procedentes de sobornos.
El magnate se encuentra entre rejas desde el lunes, cuando regresó a Brasil procedente de Nueva York, ciudad en la que se encontraba como prófugo desde el pasado jueves, cuando fue emitida su orden de arresto.
Incluido entre las diez personas más ricas del mundo por la revista Forbes en 2010, Batista aseguró ante la televisión Globo que regresaba a Brasil “para pasar las cosas a limpio” y cumplir su “deber” ante la Justicia. El empresario se encuentra ahora en el complejo penitenciario de Bangú, en las afueras de Río de Janeiro, donde están recluidos varios políticos y empresarios acusados de corrupción, entre ellos el ex gobernador Cabral. efe