“Queremos pedirle al presidente que no obstaculice la mensura, decirle que ya hay una fecha fijada para que se lleve a cabo y que deje al perito ir a hacer su trabajo”, dijo la abogada Leticia Almada Paoli.
“Este es un ítem más que nosotros vamos a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...)”, agregó Almada Paoli.
Resulta que el 28 de diciembre de 2015, día fijado para el inicio de la mensura judicial en Barbero Cué, la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial del Décimo Turno, Rocío González Morel, quien autorizó la medición, recibió una nota del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Debido a que el perito agrimensor designado para llevar adelante la polémica mensura es un coronel activo, las Fuerzas Armadas intervinieron en el caso.
La nota que recién ahora sale a la luz expresaba que el coronel Santiago Teófilo Vera Duarte no podía realizar el trabajo de mensura, alegando que el mismo se desempeña como subdirector del Servicio Geográfico Militar, “relevante función que requiere una absoluta dedicación”.
El documento que tuvo entrada a las 9.15 en el despacho de la jueza González Morel, exactamente 45 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la mensura, lleva la firma del coronel DCEM Alcides Cirilo Matto Arce, de la Ayudantía General.
Matto Arce hace constar en el documento que cuenta con la anuencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, o sea, del presidente de la República, Horacio Cartes.
Pocos días antes de la fecha acordada para el inicio de la mensura, el perito agrimensor había sido arrestado en extrañas circunstancias, razón por la cual la mensura judicial tuvo que ser suspendida.
La operación se debe realizar ahora el próximo 7 de marzo.
Barbero Cué se halla ubicado en Aguaraymí, Naranjaty, del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, Departamento de San Pedro. Fue donado por Italia el 14 de junio de 2012. La última mensura había encontrado solo 14.090 hectáreas. Según los pobladores, la diferencia estaría siendo ocupada por ganaderos.
En la zona en que se debe realizar la mensura está instalada la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, del Grupo Cartes.
“El presidente de la República debería de ser el más interesado en clarificar si ocupa o no lo que fue donado por un gobierno de primer mundo (Italia)”, aseveró la abogada.