En el aspecto económico y político, la noticia más importante de la semana pasada ha sido la intención del Ministerio de Hacienda de hacer modificaciones al impuesto a la renta personal con el objetivo declarado de darle mayor “equidad” a nuestro sistema tributario.
El argumento utilizado para realizar los cambios era que los “ricos casi no pagaban impuestos” y esto hacía que la “desigualdad” entre los que más tienen y los que menos tienen se vaya incrementando.
Considero que independientemente a que sea bueno o malo el cambio propuesto, el mismo ha sido políticamente inoportuno, incorrectamente liderado y muy mal comunicado.
Es políticamente inoportuno, porque este es el peor momento para plantear un aumento de impuestos, ya que por un lado existe una fuerte contracción económica y por el otro, todos los días salen a luz los escándalos de corrupción en el uso del dinero público.
Estuvo incorrectamente liderado, porque lo impulsó la viceministra de Tributación, que se encuentra en la tercera línea de mando del Gobierno, y cuya única y muy impopular responsabilidad es la de recaudar a base de los impuestos existentes.
Una medida de esta naturaleza es de “altísima política” y debería ser liderada por el presidente de la República y por el ministro de Hacienda ya que la misma afecta a la política fiscal y a la política económica y su implementación depende de tener los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.
Nada de eso se hizo y ante la reacción masiva de la ciudadanía en su contra, el presidente, por medio de un simple y corto Twitter, dio marcha atrás a la decisión inicialmente tomada.
Pero independiente a esta inoportuna, mal liderada y mal comunicada decisión, por parte del Gobierno, todos los que conocemos la realidad nacional compartimos la opinión del ministro de Hacienda de que en nuestro país existe un grave problema de desigualdad y de inequidad, que es como una bomba de tiempo social, que tarde o temprano va a explotar.
Esta desigualdad y esta inequidad no solamente son una injusticia social inaceptable, sino que representan un grave problema que hará inviable nuestra actual democracia y nuestro futuro desarrollo económico.
Sobre este tema tenemos que debatir todos los que tenemos cierta función de liderazgo en la sociedad, hasta encontrar consensos que nos permitan cambiar el rumbo actual, en el que una explosión social es el final inevitable.
Existe una frase del ex presidente norteamericano John F. Kennedy que siempre tengo muy presente: “Los que hacen imposible una evolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta”.
La evolución pacífica será posible si los políticos de nuestro país aceptan reformar el Estado, para reducir sustancialmente sus gastos corrientes y aumentar la inversión en vivienda, salud, educación e infraestructura.
La evolución pacífica será posible si también los empresarios aceptan que todos los sectores y todas las personas que viven en este país deben pagar los mismos impuestos.
No debe haber regímenes especiales para nadie, salvo en casos muy especiales y por periodos muy limitados, y los impuestos deben ser progresivos, es decir el que más gana debe pagar lógicamente mayor monto, pero también mayor porcentaje.
Todo esto hay que hacerlo con muchísima inteligencia y en un proceso de largo plazo, porque debemos tener siempre presente que el mantenimiento de la competitividad de nuestras empresas es la base del desarrollo económico, que a su vez es la base para una política social inclusiva, que a su vez es la base de nuestra democracia y de nuestras libertades.
El Gobierno se equivocó en plantear un aumento de impuestos sin que antes haya en la sociedad un profundo debate y comprensión sobre los riesgos de la inequidad y la desigualdad.
Estamos a tiempo, hagámoslo ya.
