EFE
El presidente de la ANP, Pedro Rivero Jordán, y su vicepresidente, Jorge Carrasco Guzmán, entregaron una carta al representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot.
Los directivos de la asociación de diarios sostienen en su misiva que en las últimas semanas se ha evidenciado una reacción gubernamental “que amenaza y pone en una peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”.
Asimismo, expresan su preocupación porque las libertades de expresión y de prensa son “lesionadas por un sistemático ataque del aparato gubernamental y político contra las empresas periodísticas independientes, así como contra sus directores y periodistas”.
La asociación señala que los ataques comenzaron el pasado 19 de mayo con una intervención del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el Congreso donde “pretendió responsabilizar” del denominado “Caso Zapata” a varios medios y periodistas.
Quintana hizo acusaciones contra la Agencia de Noticias Fides, la red de radios Erbol, los diarios Página Siete y El Deber, y los periodistas Carlos Valverde, Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez, a los que acusó de formar “un cártel de la mentira”.
Según el ministro, los medios y los informadores manipularon la información sobre el supuesto hijo secreto del presidente Morales y su expareja, Gabriela Zapata, para perjudicar al mandatario en el referendo constitucional del pasado 21 de febrero.
El pasado 15 de junio, según recuerda la ANP, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dijo que “medios de comunicación mentirosos y políticos tramposos” conspiraron contra al mandatario y que los responsables tienen que ir a prisión.
Paralelamente, agregan los directivos de la ANP, el Gobierno de Morales por medio de instituciones y empresas estatales está aplicando “un veto publicitario parcial en unos casos y total en otros a los medios de comunicación independientes”.
Asimismo, la asociación señala que en un “ambiente de temor” el periodista Carlos Valverde se fue a Argentina ante una posible detención y que el director del diario El Sol de Pando, Wilson García, buscó refugio en Brasil tras ser acusado de sedición.
La ANP también denuncia que hay una “rígida fiscalización"de empresas periodísticas, una imposición de “multas sin justificarlas” y que las propias cuentas bancarias de esa institución están congeladas por el Servicio de Impuestos Nacionales.
Además, alerta que cerca de medio millar de radios privadas “se encuentran en incertidumbre por la aplicación de una “readecuación de frecuencias, un proceso que podría suspender su funcionamiento”.
Esta semana ante Racicot también presentaron denuncias por su cuenta el diario Página Siete, la agencia Fides y los periodistas Peñaranda y Gómez, mientras que Pando y Valverde han pedido apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
