Hace unos días este diario reveló que el actual comandante de la Policía Nacional, Luis Rojas, fue encontrado culpable de coima en 1995. Si utilizo el verbo revelar es porque antes de llegar a la Comandancia, Rojas operó para sepultar su pasado. Tras un sumario administrativo, la Dirección de Justicia Policial lo sancionó por recibir 5 millones de guaraníes de coima por “rescatar” una camioneta robada a unos estancieros en San Pedro.
La misma resolución de Justicia Policial advierte sobre un sospechoso relacionamiento de Rojas con los robacoches que presuntamente robaron la camioneta y que incluso él llegó a operar para que sean liberados dos de ellos en Caaguazú.
El dinero de la coima, según concluyó el juez sumariante, fue dividido entre Rojas, dos subalternos suyos y un civil que también participó en el allanamiento irregular a una vivienda donde recuperaron el vehículo. La sanción de la institución a un oficial coimero fue implacable: 30 días de arresto disciplinario.
Cinco años después, Rojas fue ascendido de cargo porque la institución consideró que, cumplido el mes de arresto, atajar su ascenso sería “una doble sanción” e inconstitucional. Así, el oficial inspector encontrado culpable de coima pudo ser subcomisario y 17 años después, jefe máximo de la Policía Nacional.
Dos años antes de llegar al cargo, mandó suprimir esta sanción administrativa de su legajo y eso, según el criterio policial, es perfectamente razonable: cualquiera querría borrar antecedentes poco halagadores. Rojas lo pudo hacer, con el aval de un dictamen jurídico de la Comandancia.
Así las cosas, no extraña lo sucedido al suboficial Balbino Chávez. Él denunció ante sus superiores la existencia de guardias privadas policiales en San Lorenzo y como respuesta lo sacaron de su puesto y lo enviaron a cubrir un hogar de reposo. O el caso de Óscar Paredes, dado de baja por denunciar corrupción en una comisaría de Curuguaty.
Los oscuros antecedentes del comandante, que hasta ahora se niega a dar declaraciones sobre el tema, reflejan una clara postura institucional. Cualquier policía ahora sabe que, a pesar de ser encontrado culpable de cobrar una coima, puede llegar a cumplir una exitosa carrera en la institución y, quién sabe, llegar hasta la cúpula.
De igual manera, los agentes ya están advertidos de cuál puede ser su futuro si osan enfrentarse a la feroz corrupción interna: el freezer o hasta la baja.
La historia de Luis Rojas, contrapuesta a las sanciones que recibieron los agentes que se animaron a denunciar la delincuencia institucionalizada, manda un certero mensaje que no se puede pronunciar en los discursos públicos y que vuelve ensordecedor el silencio del comandante.