El uso constante de las obras de Gobierno y los actos oficiales por parte del presidente de la República, Horacio Cartes, para impulsar al precandidato de su movimiento interno Honor Colorado, Santiago Peña, fue duramente cuestionado por constitucionalistas y analistas políticos, quienes tildaron de escándalo este hecho y cuestionan la desidia de las instituciones y responsables de controlar que no haya abuso del Estado.
“Esto es un escándalo, y no porque se esté cometiendo casi a diario debe dejar de escandalizar, porque desnaturaliza no solamente el principio constitucional de que el presidente debe dedicarse exclusivamente a sus funciones, porque eso distrae, y más que nada es por el mal uso que se da a los recursos del Estado, porque se presentan los logros de Gobierno como los de una campaña o un candidato en este caso, lo cual distorsiona totalmente el libre juego democrático, donde se gana con propuestas”, señaló el constitucionalista Jorge Seall.
Señaló que es alarmante la impunidad con la que ocurren estos hechos, ya que no observa que ninguna institución tome cartas en el asunto, pese a la claridad que existe en la legislación vigente.
“No solamente no vemos la denuncia de la clase política, tampoco se activan mecanismos como pedidos de informes, interpelación, voto de censura y, por último, un juicio político, es lo que correspondería en una sociedad seria, donde las autoridades estén a la altura de la situación”, dijo.
Por su parte, la directora de la organización Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, subrayó lo que hace tiempo su grupo viene denunciando en cuanto al mal uso de los recursos del Estado por parte de las autoridades con fines proselitistas, indicando que es una violación a la ley electoral y que debe ser sancionado.
“Lo más preocupante de todo esto es que las cosas se hacen, no solamente en contra de la ley, sino por fuera de la ley, incluso pude ver que hay publicidad pagada de actos oficiales como espacio reservado en algunos periódicos, y eso no está prohibido, pero está por fuera de la ley, esas son circunstancias que se están dando como nuevos escenarios en esta campaña electoral”, manifestó.
Agregó que es imperiosa la necesidad de que los órganos responsables se hagan cargo de hacer cumplir la ley y sancionar las violaciones.
Se presentan los logros de gobierno como los de un candidato, lo cual distorsiona el libre juego democrático. Jorge Seall, constitucionalista.
Prueba el error de la reelección
Tanto el constitucionalista Jorge Seall como la directora de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, coinciden en que los abusos sobre los bienes del Estado para utilizarlos como elementos de campaña proselitista son la prueba palpable del error que constituye la idea de instalar la reelección presidencial.
Ambos señalan que se vuelve un vicio para los que manejan el Gobierno el utilizar el aparato del Estado para intentar permanecer en el poder, y finalmente esto puede convertirse en una forma de eternización, dañando así los principios básicos de la democracia.