EFE
Ríos declaró a Erbol que el vertido, que se produjo esta semana al colapsar un dique de contención de residuos perteneciente a una minera privada en el departamento andino de Potosí, “puede causar daños irreversibles a nuestra sociedad” y pidió a las comunidades que viven en la cuenca fluvial que no consuman agua del río.
El fiscal recordó que muchas de esas comunidades no tienen un sistema de agua potable.
También indicó que el vertido tóxico afectó a unos 500 metros cuadrados de terreno antes de llegar al cauce fluvial.
Una vez que las autoridades constataron la ruptura del dique y el vertido de residuos tóxicos al Pilcomayo, se ordenó la paralización cautelar de la actividad minera en la zona y se abrió un proceso penal en contra del representante legal de la empresa Santiago Apóstol, propietaria de las instalaciones.
El colapso, por causas que aún se desconocen, del dique de cola, propició que se filtraran al cauce del río desechos de plomo, plata y zinc.
Las autoridades de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, así como el Ministerio de Medio Ambiente boliviano, han enviado comisiones a la zona del vertido para evaluar los daños ambientales y su repercusión en las comunidades que viven en la ribera del río.
El Pilcomayo, cuya cuenca se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros, atraviesa cuatro de los nueve departamentos de Bolivia y sirve de frontera natural entre Argentina y Paraguay.
Autoridades del Tribunal Agroambiental de Bolivia, encargado de los delitos contra el medio ambiente, han denunciado en numerosas ocasiones la contaminación minera en el Pilcomayo y el deterioro ambiental del lago Titicaca como los casos más graves de daños ecológicos en el país andino.
Según el fiscal Ríos, en un estudio realizado en 2004 ya se encontraron residuos de plomo y zinc en alimentos cultivados en la zona donde ahora se ha producido el vertido.
A esta situación contribuye la proliferación de concesiones mineras sin control estatal y la expansión del número de cooperativas en conflicto continuo unas con otras.
El Gobierno de Bolivia aprobó este año una Ley de Minería para intentar poner orden en el sector y ampliar significativamente el control estatal sobre la concesión de explotaciones.
