“Seremos implacables en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados en un país donde sabemos muy bien que el Estado de derecho y la Justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país”. Esta es una de las frases más resaltantes que el presidente Horacio Cartes dijo en su discurso de asunción el 15 de agosto.
Sin embargo, dos días después de este rimbombante anuncio, el sábado 17 de agosto pasado, el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay (EPP) ejecutó a 4 guardias de una estancia ubicada en la zona del Cruce Tacuatí, San Pedro, y a un suboficial de la Policía Nacional.
Desde este momento toda la agenda gubernamental giró en torno a este hecho.
Esa misma noche, hasta altas horas, el mandatario se reunió con toda la cúpula policial; el ministro del Interior, Francisco de Vargas; el canciller nacional Eladio Loizaga y otros colaboradores, para analizar qué acciones tomar para luchar contra esta banda criminal que en la ocasión también incendió la camioneta de la estancia en la que se desplazaban las cuatro primeras víctimas, y luego atacó una patrullera.
El ataque fue considerado como el más fuerte realizado por el EPP desde sus inicios y sobre todo con saña, ya que ejecutaron a las víctimas. El último crimen que cometieron fue el 21 de abril de 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, cuando murieron 3 policías y un brasileño.
Al iniciar la semana, Cartes manifestó que su discurso respecto a los grupos criminales seguía vigente y que estos no le marcarían pautas, asegurando que haría respetar el Estado de derecho.
Intentando demostrar que el EPP no sería su único tema en agenda, el jefe de Estado visitó el domingo al sacerdote Aldo Trento, a quien prometió que donaría su salario para que este los destine a obras de cuidado de ancianos y enfermos.
Sin embargo, esa misma noche se reunía con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, con quien gestó la idea de sacar a los militares a las calles sin la venia del Congreso, es decir, sin que se declare estado de excepción.
Ley 1337. El Partido Colorado, viendo la grave situación que se estaba viviendo, decidió emitir un comunicado en donde expresó su apoyo al presidente, coincidentemente minutos antes de confirmarse el segundo ataque en la misma zona a la patrullera de la Policía Nacional. El móvil recibió al menos 30 impactos de bala e hirió a 3 suboficiales.
Para la tarde del lunes, el mandatario ya convocó y se reunió por varias horas en Mburuvicha Róga con todos los miembros de la bancada de la ANR del Senado, a fin de pedirles que apoyaran la modificación de la Ley 1337 de Defensa y Seguridad Interna con el propósito de tener amplios poderes para sacar a los militares a las calles.
También inició el operativo en Diputados, haciendo llamadas para pedir a la bancada colorada de esta Cámara que al día siguiente apruebe la modificación de la citada ley.
Paralelamente ya envió un grupo de 70 militares a Tacuatí, a fin de reforzar la labor policial. El avispero empezaba a moverse con más intensidad.
El martes al mediodía, en tiempo récord, el titular del Ejecutivo convocó a otra reunión a senadores líderes de la oposición. Allí fueron Adolfo Ferreiro (Avanza País), Carlos Amarilla (PLRA), Jorge Oviedo Matto (Unace), y Desirée Masi (PDP), quienes salieron a respaldar el cambio de tres artículos de la Ley 1337 y así dar poder a Cartes respecto al empleo de las FFAA.
Las propias autoridades de San Pedro llegaron luego hasta el Palacio de Gobierno para solicitar presencia militar y también la asistencia del Estado en la zona en materia de salud, educación, obras viales y generación de fuentes de trabajo a fin de enfrentar al EPP.
El miércoles de mañana, Cartes envió el proyecto a Diputados y esa misma tarde esta Cámara aprobó el pedido del Ejecutivo y dio media sanción a la modificación.
El jueves hicieron lo mismo los senadores con 29 votos a favor y 11 en contra, con lo que Cartes tiene vía libre para desplegar a los militares “frente a situaciones extremas”, “casos calificados de terrorismo” y “amenazas o acciones violentas”.
Desde el sábado 17, el presidente se dedicó a estudiar las acciones contra el EPP.
