Lo positivo de todo esto es que de alguna forma estamos iniciando un debate muy importante para el país, aunque debemos evitar el facilismo de pretender solucionar todo con los grandes recursos que se supone recibirá el Paraguay a partir del 2023.
En términos muy simples, lo que ocurrirá en dicho año es que la Itaipú Binacional terminará de pagar su enorme deuda, que actualmente le significa una erogación anual que está en el orden de los 2.000 millones de dólares.
El Tratado actual indica que la tarifa de la energía que produce Itaipú se establece básicamente a partir de dos elementos: los costos de producción (acá simplificando podemos incluir también los pagos en concepto de royalties, utilidad por capital aportado y compensaciones a los países dueños de la entidad) y el servicio de la deuda.
En la lógica actual del Tratado, la tarifa debe sencillamente cubrir todos los costos y no se generan utilidades por parte de la empresa binacional.
Entre estos dos elementos mencionados, en términos de lo que le cuesta a Itaipú producir la energía y, por lo tanto, lo que determina finalmente su precio de venta, el pago de la deuda representa alrededor de un 62% de la tarifa, con lo cual en el momento que se termine de pagar la deuda se presentarían como dos opciones básicas: o la tarifa baja sustancialmente o la misma se mantiene y se generan utilidades para los dueños, es decir, Paraguay y Brasil.
Obviamente, todo esto se tendrá que negociar y establecer en un nuevo Tratado entre nuestros países, pues el actual vence justamente en el 2023.
En principio, y para las nuevas reglas de juego para el 2023, lo lógico parecería ser que con costos mucho más bajos y tarifas manteniéndose en los mismos rangos actuales, Paraguay y Brasil podrían beneficiarse con utilidades generadas por Itaipú, que en números muy gruesos podrían ser de unos 1.000 millones de dólares anuales para cada país.
Esta cifra es ínfima para una economía enorme como la del Brasil, pero muy grande para una economía como la nuestra, en donde semejantes recursos pueden generar determinados impactos a nivel nacional.
Ahora bien, dichos impactos serán más positivos o incluso negativos según cómo decidamos utilizar dichos potenciales recursos del país.
Si dichos recursos sirven de excusa para no encarar antes determinadas reformas que necesitamos o peor aún, se destinan a sostener artificialmente sistemas que ya no funcionan, sin duda, el impacto negativo de estos ingentes recursos puede ser muy grande, por muy paradójico que esto pueda parecer.
Con seguridad aparecerán grupos estacionados en lo peor de la práctica política tradicional que tratarán de obtener una tajada de estos recursos, de las formas más creativas posibles.
Necesitamos construir anticuerpos contra ese tipo de contingencias indeseadas. Y la mejor manera es iniciar un proceso muy abierto y participativo que nos permita discutir como sociedad, la mejor manera de utilizar esos recursos para potenciar el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.
Por lo general, no estamos muy acostumbrados a anticiparnos con tiempo a los acontecimientos, y podría parecer incluso que aún falta mucho tiempo.
Sin embargo, lo que se negocie bien o mal y lo que se decida implementar correcta o equivocadamente van a tener un impacto significativo en nuestra sociedad.
Levantando un poco la mirada, es un tema tan trascendental que debemos iniciar ya su tratamiento, de la manera más seria y rigurosa posible.
