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Política
viernes 18 de noviembre de 2016, 01:00

11 fiscales investigan a las ONG en caso pozos del Indert

Ahora, 11 fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción se encuentran investigando a las oenegés que recibieron siderales sumas de dinero del Indert para gestionar la construcción de sistemas de agua potable en distintas comunidades del país.

Esto, debido a la complejidad de los hechos investigados y el volumen de documentación, según reza la Resolución Nº 139, que lleva la firma del fiscal adjunto Federico Espinoza, encargado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

A cada agente fiscal de dicha unidad se le asignó una cierta cantidad de organizaciones para indagar sobre ellas (ver infografía).

Estas organizaciones están siendo investigadas en el marco de la causa Nº 45/16 “Personas innominadas s/ supuesto hecho punible de lesión de confianza”, a cargo del fiscal Luis Piñánez.

Algunas de ellas también están siendo indagadas dentro de la causa Nº 33/16 caratulada “Santiago Vicente Ochipinti y otros s/ cohecho pasivo y soborno”, a cargo del agente fiscal René Fernández.

En esta causa está imputado por presunto cohecho el ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, Santiago Ochipinti. Así también, están imputados por presunto soborno Blanca Lorena Godoy Enciso, Derlis Antonio Riveros López y Arnaldo Espínola Fidabel, representantes de organizaciones no gubernamentales.

CUESTIONADO. El ente rural realizó las obras de sistemas de agua en distintos puntos del país a través de dudosas oenegés, a las que transfirió millonarias sumas de dinero para que contraten a firmas constructoras.

Muchas de estas empresas constructoras son de correligionarios del presidente de la institución agraria, Justo Cárdenas.

El más polémico, José Martínez, quien dice ser “más cartista que Cartes”. Él, su hijo y su pareja sentimental recibieron millones del presupuesto público, a través de sus firmas constructoras, para realizar obras de sistemas de agua, principalmente en San Pedro.

Esas transferencias de dinero provenientes del Fides se hicieron mediante el Rubro 800, que escapa a la fiscalización de la Dirección de Contrataciones Públicas.