El ministro César Diesel se inhibió del caso de Ramón González Daher, específicamente, para el estudio de las recusaciones planteadas por la defensa en el caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, donde RGD recibió la histórica condena de 15 años de prisión y comiso de bienes.
Con el ministro ya son tres los que se inhibieron. Se suma a Manuel Ramírez Candia, quien se apartó porque su esposa fue una de las que le condenaron, y Antonio Fretes, porque tiene una acción de inconstitucionalidad promovida por RGD. Justamente, Diesel también se inhibió por este motivo.
El caso ahora pasa al ministro Víctor Ríos, quien probablemente se inhiba también por el mismo motivo que sus colegas Fretes y Diesel, al integrar la Sala Constitucional de la Corte.
Con ello, en caso de darse, la causa pasará a la Sala Civil del Máximo Tribunal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay.
En el caso, se debe estudiar la recusación promovida por la defensa contra los camaristas Arnulfo Arias y Emiliano Rolón Fernández, presentada por la defensa del empresario del fútbol.
INTEGRACIÓN. En la Sala Penal, integran la causa los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, que esperan al tercer miembro para finalmente resolver la recusación.
Los camaristas estudiarán el recurso de apelación en contra de la sentencia que le condenó a 15 años de cárcel y comiso especial a Ramón González Daher, y 5 años de encierro para su hijo Fernando González Karjallo.
Sin embargo, tras la recusación de la defensa, el camarista Emiliano Rolón se inhibió también, por lo que para estudiar finalmente el recurso deberá integrarse otra vez el Tribunal de Apelación.
Todo esto traba el estudio del recurso de apelación contra el fallo dado el año pasado. Además, el reclamo de muchos sectores es que el mismo, pese a la condena, está libre porque ya cumplió con la pena mínima de los delitos investigados.
Hay que recordar que González Daher, además, tiene otras tres causas en los Tribunales. Una es por la supuesta desaparición de cheques del Juzgado de Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú.
Además, tiene otro en Luque, por supuesta denuncia falsa, donde cuenta con medidas alternativas; y el último por presunta declaración falsa, ante el juez Raúl Florentín porque supuestamente mintió en un juicio oral por acción privada.