El viernes pasado, la jueza Alicia Pedrozo resolvió el arresto preventivo del diputado colorado Ulises Quintana, quien de esta forma vuelve a prisión en el caso en el que se lo investiga.
Desde ese momento, en la Cámara de Diputados se iniciaron las especulaciones sobre si el legislador debe solicitar permiso como el año pasado o si debe perder la investidura.
El líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, manifestó que no corresponde que el pleno apruebe un permiso para su correligionario, pero consultado sobre si el trámite correspondiente no sería la pérdida de investidura, indicó que sobre ese tema aún no conversaron en bancada.
“No hablamos aún sobre el tema (pérdida de investidura). Lo que decimos es que con base en la Constitución no corresponde dar permiso a un legislador (privado de su libertad) como el caso de Ulises. Está bien aclarado en qué casos se concede el permiso. En la sesión anterior nos habíamos retirado”, dijo recordando que cuando en setiembre del año pasado Quintana pidió permiso, la bancada cartista se retiró de la sala, pero al momento en que se trató su pérdida de investidura, lo salvaron.
El artículo 201 de la Constitución Nacional que habla de la pérdida de investidura, en una de sus causales establece: la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución (…), que en el caso de Quintana es el de estar preso y no poder acudir a las sesiones.
La oficialista Jazmín Narváez señaló que como bancada todavía no hablaron del tema y que aún está pendiente de resolución una apelación presentada por Quintana y no se quiere adelantar a los hechos
INVESTIDURA. Por su lado, el liberal Celso Kennedy expresó que en mesa directiva no se habló del caso de Ulises y dijo que posiblemente es porque aun no existe una notificación oficial del juez a la cámara.
Mencionó que particularmente tiene una posición y es que no corresponde que se otorgue un permiso como legislador a alguien para que esté preso. “Fue un error en su momento otorgar el permiso y ahora sigo sosteniendo que no corresponde. Lo que se debe es aplicar lo que dice el artículo 201 de la pérdida de investidura con relación a las incompatibilidades, en este caso, estar en prisión por un lado y ejercer el cargo de diputado por el otro”, remarcó.
Kennedy añadió que tarde o temprano tienen que tratar este tema y refirió que la Constitución establece que la cámara debe funcionar con 80 diputados y Quintana no va a poder asistir y, en este caso, tendrá ausencias reiteradas y necesariamente le van a conducir a ausencias injustificadas, lo que llevará a su suplente a asumir; en este caso, Rocío Abed de Zacarías.
Mientras sus colegas debaten sobre cuál es el camino a seguir, en sus redes sociales Quintana escribió que su candidatura a intendente de Ciudad del Este continúa. “Sigue intacto nuestro proyecto político de la precandidatura a la intendencia de Ciudad del Este, muchos obstáculos hemos encontrado, este (la cárcel) es uno más, con la convicción de que la verdad prevalecerá y que saldremos de esta injusticia. Mi pueblo sabe de mi inocencia. Podrán romperme, pero jamás doblegarme”, escribió.
Quintana está acusado por lavado de dinero y asociación criminal y volvió a prisión después de cuatro meses y 21 días. La vez anterior, el legislador estuvo 10 meses en prisión preventiva luego de ser imputado además por narcotráfico y trafico de influencia.
