El problema es que esa habilidad corporativa para la autoprotección le cae fatal a la ciudadanía, esa entelequia amenazante e imprevisible. Guardan nítido recuerdo de lo que le pasó a José María Ibáñez cuando a la gente se le acabó la paciencia. Simplemente se tuvo que ir, sin decisión judicial, sin votación de pérdida de investidura, sin vueltas. Por eso, los parlamentarios –que nadie crea que excluyo al Senado en esto– llevan años buscándole la vuelta a este delicado equilibrio entre su poca vergüenza y su miedo al escrache. Lo malo es que se les cierran todas las puertas.
Pergeñaron un proyecto de ley espectacular. Los 125 parlamentarios serían intocables reglamentando el artículo 201 de la Constitución Nacional que habla de la pérdida de investidura. Establecieron que para su aprobación se necesitaba una mayoría absoluta (23 votos en Senado y 41 en Diputados). Hasta entonces bastaba con la mayoría simple (la mitad más uno del cuórum).
Era una jugada maestra, pues se infiltraban en un resquicio ocasionado por una de las tantas feroces desatenciones de los constituyentes de 1992. Estos se olvidaron de establecer el número de votos mínimos para destituir a un parlamentario, con lo cual se aplica el de simple mayoría para casos no especificados. Se generó así el absurdo jurídico de que para suspender por dos meses a un parlamentario se necesiten dos tercios de los votos, mientras que se puede expulsarlo por mucho menos.
No tiene lógica, pero para remediarlo hay que cambiar la Constitución. Para desesperación de los diputados, muchos expertos sostuvieron que la normativa era inconstitucional. Por eso, a fines de julio, Mario Abdo, en una decisión para aplaudir, la vetó totalmente.
Tercos hasta la exasperación, los diputados consiguieron a duras penas los votos para rechazar el veto presidencial. Los senadores, más sensatos, enviaron al archivo el dichoso proyecto de ley. Historia terminada; ahora nada podría impedir que se estudie la pérdida de investidura de los legisladores con procesos judiciales. Los tres primeros de la fila eran el liberal Carlos Portillo y los colorados Miguel Cuevas y Tomás Rivas. Pero no, esto sigue…
El drama de una mayoría de los diputados es que van a votar en contra de la pérdida de investidura y la ciudadanía los va a odiar. Es por eso que ahora inventan la necesidad de “consensuar un reglamento” antes de tratar sus casos. “Que cada bancada escriba un proyecto y luego nos reunimos y nos ponemos de acuerdo”, dicen los caraduras, como si no fuera evidente que están alargando lo que se pueda un proceso de destitución para el cual el Senado no necesitó reglamento alguno. El presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, llegó a decir que “nadie puede ser expulsado sin condena firme”, algo que su líder Cartes ya había vetado hace un año y medio.
Algún día tendrán que votar y enfrentar el enojo de la calle. Pero, ya se les ocurrirá algo. Les sobra ingenio para la impunidad.
