Esta semana me llamó por teléfono una amiga que trabaja con los pueblos originarios en la región de Caaguazú para contarme, muy afligida y molesta, un episodio que ella considera “una extorsión contra la dignidad humana”.
Relató que a los integrantes de una comunidad indígena guaraní que desde hace años venían realizando insistentes gestiones ante el Instituto Nacional del Indígena (Indi) y otras instancias del Gobierno para lograr la titularidad de sus tierras, hace pocas semanas se les confirmó que por fin obtendrían la documentación requerida, lo cual los puso muy contentos. Sin embargo, la alegría pronto se disipó cuando se enteraron del condicionamiento: para acceder al esperado beneficio tenían que trasladarse masivamente hasta Asunción a expresar su apoyo a la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y firmar un pronunciamiento a su favor.
No voy a revelar el nombre de la comunidad afectada por temor a perjudicar sus gestiones. De todos modos, este no es el único caso en que se ha vuelto a implementar el viejo perverso sistema de utilizar de forma extorsiva la necesidad de las personas más humildes para obligarlas a mostrar un supuesto respaldo político para la autoridad de turno, a cambio de concederles lo que legítimamente reclaman.
Es una viciada práctica que resultaba común en épocas de la dictadura stronista, que se mantuvo con algunas variantes durante la transición democrática, pero que en los últimos años parecía que se había superado en forma paulatina ante una mayor conciencia de la ciudadanía y ante la mayor facilidad para documentar y denunciar.
De hecho, el actual jefe de Estado había cuestionado durante la campaña electoral que sus adversarios recurran a este tipo de prácticas. Sin embargo, cuando se desató la crisis por la revelación del acta secreta firmada con Brasil sobre la compra de energía de Itaipú, que resultó muy desfavorable para el Paraguay, al parecer cundió la desesperación en las esferas del Gobierno y se despertó la necesidad de demostrar que aun cuenta con respaldo popular.
Desde hace días, en las redes sociales corre la copia de pantalla de un chat de la presidenta del Indi, Ana María Allen, dirigido a dirigentes indígenas de varias comunidades del país, en el que ella les escribe: “Mañana están todos invitados para venir a Asunción. Se trata de decirle nuestro apoyo al presidente, que estoy segura como ninguno cumplió con ustedes. Y seguirá cumpliendo. Por favor, me dicen por Departamento cuantos camiones necesitan y les enviamos. Hasta las 15 horas tengo tiempo de pedir”.
La imagen se empezó a difundir el 2 de agosto y las referencias indican que obedeció al intento de movilizar también a los indígenas hasta el Palacio de Gobierno, buscando mostrar multitudes que respalden al jefe de Estado ante la amenaza del juicio político por el escándalo de Itaipú.
También se volvió viral un audio de Carlos Rodríguez, jefe de Suministros del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en donde dice que “por pedido de la señora ministra (del Trabajo) Carla Bacigalupo” se instaba a los funcionarios a comparecer el 1 de agosto en la explanada del Palacio de Gobierno “para acompañar al señor presidente de la República”. No importaba que los trabajadores estatales tengan que abandonar sus funciones en un horario estrictamente laboral para asistir a un acto político. Para quienes no se hayan atrevido a acudir, la amenaza era clara: “¡Después no se estén plagueando por una cuestión que les va a pasar!”.
Es patético que la crisis estimule el retorno de lo más sucio de la política, haciendo revivir en el inconsciente colectivo aquellas imágenes de tiempos oscuros que hubiéramos querido dejar en el pasado. Afortunadamente también permite que surjan actitudes dignas de resistencia, voces ciudadanas que denuncian y movilizaciones que reclaman el ejercicio de otro tipo de política, otras formas de gobierno, otro modelo de país.
