Política

Violaciones de DDHH en las FFAA tuvieron 2 condenas y 3 acuerdos

La Corte IDH sentenció en dos oportunidades al Estado paraguayo por la muerte de soldados, y también fue escenario de otros tres acuerdos amistosos con los familiares de víctimas en FFAA.

Las muertes y desapariciones de soldados en servicio llevaron al Estado paraguayo, en cinco oportunidades, ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde hubo dos condenas y tres acuerdos de solución amistosa con los familiares de las víctimas.

Vidal Acevedo, del Servicio de Paz y Justicia en Paraguay (Serpaj-Py), recordó el caso de Gerardo Vargas Areco, donde acompañaron a los familiares durante el proceso ante la Corte IDH, donde se logró la condena al Estado paraguayo.

Gerardo Vargas, con 16 años, fue víctima de torturas y ejecutado extrajudicialmente el 30 de diciembre de 1989, mientras prestaba el servicio militar obligatorio, tras haber sido reclutado de manera totalmente ilegal.

La sentencia de la Corte IDH fue en el año 2005, donde determinó medidas de reparación a la familia, así como también estableció que haya capacitaciones a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y reformas de la legislación nacional al respecto.

La otra condena que tuvo el Estado paraguayo ante la Corte IDH sobre violaciones de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares del Paraguay, fue el caso que llevó adelante María Noguera, fallecida el año pasado por Covid-19, quien lideró una cruzada tras la muerte, en 1996, de su hijo Vicente Ariel Noguera, de 17 años, mientras prestaba su servicio militar obligatorio.

La versión que dio el Ejército fue que murió de hantavirus, lo cual fue desmentido por un análisis laboratorial del Epidemiology Branch de Albuquerque, Nuevo México.

La sentencia fue dictada por la Corte IDH en el 2020, aunque ya en el 2011, el Estado paraguayo, bajo el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo, suscribió un acuerdo amistoso y realizó una indemnización de unos USD 75 mil.

Esta indemnización fue reconocida por la Corte IDH, pero la consideró como una medida parcial.

La condena estableció nuevas medidas de reparación, entre ellas, continuar con la investigación penal abierta, publicar la sentencia, incluir en los currículums de formación de las FFAA estándares internacionales sobre la posición de garante del Estado frente a las personas que prestan el servicio militar, informar sobre el avance legislativo de modificación del sistema penal militar, además de indemnizaciones y pago de costas.

acuerdos. Los casos donde se llegaron a acuerdos amistoso fueron tres, uno de ellos, llevado adelante también por María Noguera, fue el de Pedro Antonio Centurión, de 13 años, de nacionalidad argentina, quien aún así fue reclutado de manera forzosa a cumplir el SMO, y murió en extrañas circunstancias tras intentar escapar.

El Estado paraguayo firmó un acuerdo de solución amistosa en el 2011 con la madre, la señora Semproniana Centurión, que incluye varias medidas de reparación, asumiendo la responsabilidad.

Otro caso es el de los niños soldados desaparecidos en 1998, Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes, ambos de 14 años, también prestando el Servicio Militar Obligatorio siendo menores de edad.

Habían sido llevados al destacamento “Patricio Colmán”, en Lagerenza, Chaco paraguayo, y tras recibir la orden de parte de un superior para buscar una vaca, nunca más se supo de ellos.

El acuerdo fue homologado por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) en setiembre del año pasado.

El caso de Víctor Hugo Maciel, un niño de 15 años reclutado ilegalmente para presentar el SMO y fallecido en 1995 en el cuartel general del Comando de la Primera División de Caballería, también llegó a un acuerdo amistoso con el Estado ante la CIDH.

Este caso, junto al de Gerardo Areco, abrieron la cancha en instancias internacionales para los demás casos, y generaron que, por primera vez, el Estado paraguayo reconozca su responsabilidad por las muertes de los niños soldados y pida perdón públicamente, en el año 2006.


Las víctimas del SMO fueron 157
Según el registro oficial reconocido por el Estado paraguayo a instancias de la Asociación de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem) y otras organizaciones, como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-py), desde la caída de la dictadura (1989), un total de 157 jóvenes murieron durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO). La mayoría de las muertes no fueron investigadas por la Justicia paraguaya o los casos quedaron en congelados y archivados en oficinas de la Fiscalía y la Justicia Militar.

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