El ex senador Víctor Bogado planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para volver al Congreso. Ataca la resolución del Senado sobre su pérdida de investidura del 13 de mayo pasado.
La acción fue promovida con el patrocinio del abogado Óscar Latorre, en contra de la resolución N° 523, que dispuso el retiro de su investidura de senador por el período 2018–2023.
En su acción, pide como medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución para que pueda volver como senador, mientras se estudia el fondo de la cuestión.
Remarca que el argumento fue que incurrió en uso del tráfico de influencias en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados por el período 2008–2013.
Según explica, la resolución atacada vulnera varios artículos constitucionales. Cita el 9, de la libertad y seguridad de las personas, el 11 de la privación de libertad, y el 16, de la defensa en juicio.
También el artículo 17, de los derechos procesales sobre la presunción de inocencia, que no se le condene sin juicio previo, que sea asistido por defensores de su elección, de la comunicación detallada de su imputación y del acceso a las mismas.
También habla del artículo 137 de la supremacía constitucional y el 201, sobre la pérdida de investidura.
Remarca que para la imposición de la grave sanción, el Senado pisoteó por completo sus derechos.
INDEFENSIÓN. “No se me ha dado posibilidad alguna de defensa y se me impuso una sanción en un trámite parecido al ataque de una jauría de lobos hambrientos”, expresa.
Relata que esa mañana, “se introdujo el pedido de retiro de investidura, se pasó a Comisión, se declaró un cuarto intermedio y, minutos más tarde, se reanudó la sesión extraordinaria y se votó”.
Bogado explica que no hubo un juicio previo y que la resolución del Senado “fue emitida a tambor batiente sin permitirme la mínima posibilidad de ejercer mi derecho de defensa. Ni siquiera contemplaron un trámite de escasos segundos para que ejerza mi defensa...”
El ex legislador indica que si bien se estaba desarrollando la sesión, consideró oportuno salir, lo que no implicaba que había renunciado a sus derechos procesales.
Remarca que su pérdida de investidura fue debido a que los legisladores estuvieron “cegados por el populismo, la mediatez y tal vez algunos intereses políticos o resentimientos personales”.
Sostiene que los senadores tuvieron solo una copia simple de la parte resolutiva de la sentencia dictada en el juicio oral. Alega que ninguno pudo leer siquiera los fundamentos del tribunal, ni el voto en disidencia.
ILEGAL. Afirma que la legalidad fue quebrantada ya que la decisión de pérdida de investidura ya estaba tomada.
Además, dice que a los senadores no les importó que no fue acusado ni juzgado por tráfico de influencias sino por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice, ni los jueces en su arbitraria sentencia introdujeron una sola línea sobre ese delito.
Cita también el dictamen del director jurídico del Senado, Matías Fernández, que señalaba que no correspondería la pérdida de investidura del senador.
Alega que no se respetó la presunción de inocencia, ya que la resolución que le condenó a un año de cárcel con la suspensión del pago de G. 440 millones, no estaba firme, porque había sido apelada por su defensa.
Finalmente, alega que la sanción fue extemporánea, ya que los hechos investigados fueron del periodo anterior, y era un mandato ya fenecido. Requiere declarar inconstitucional e inaplicable a la Resolución 523.
