08 sept. 2025

Víctimas de dictadura chilena querellarán a cinco periodistas

Familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet presentarán esta semana por primera vez en Chile una querella contra cinco trabajadores de prensa, por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad.

EFE
SANTIAGO, CHILE
A los informadores se les acusa de encubrir el asesinato de seis militantes de izquierda en noviembre de 1975 a manos de agentes de la Policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este caso, conocido como “Rinconada de Maipú", fue presentado como un enfrentamiento armado entre opositores y agentes del Estado.
Sin embargo, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís acreditó en su día que los seis militantes de izquierda fueron torturados y asesinados en el centro de detención Villa Grimaldi, ubicado en Santiago de Chile, y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes.
La querella, según dijo el abogado Hugo Gutiérrez, estará dirigida contra los periodistas Claudio Sánchez -quien entonces pertenecía a Canal 13-, y Julio López, Roberto Araya, Vicente Pérez y Manfredo Mayol, quienes trabajaban en Televisión Nacional de Chile (TVN).
Esta es la primera ocasión en Chile en la que se apela a un tribunal para que determine si profesionales de los medios de comunicación, algunos de ellos todavía en activo, tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los derechos humanos.
Los comunicadores ya fueron sancionados el año pasado por el Colegio de Periodistas por difundir información falsa sobre el asesinato de los seis opositores durante la dictadura militar.
El tribunal de ética de esa asociación abrió un sumario que finalizó en 2007 con la suspensión de las colegiaturas de los informadores y la censura pública de 4 de ellos.
CASTIGADOS. Los sancionados con suspensión temporal de la colegiatura y censura pública por el Tribunal de Ética metropolitano fueron: Claudio Sánchez (entonces en canal 13), Julio López Blanco, Roberto Araya (único expulsado del Colegio), Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, todos de canal 7 en 1975.
Por su culpabilidad en la difusión de falsas informaciones en la Operación Colombo fueron sentenciados con suspensión de colegiatura y censura pública a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma (Las Últimas Noticias) y Alberto Guerrero Espinoza (La Tercera), y a la periodista de El Mercurio Beatriz Undurraga Gómez.
Según Conejeros, “la ley chilena no debería penalizar los excesos en materia de información”, ya que, a su juicio, “la tendencia mundial en términos de libertad de expresión es que esas faltas se vean en el ámbito ético o civil, no en el penal”.
El periódico chileno La Nación publica que el periodista Julio López reconoció haber acudido a Rinconada de Maipú junto con un grupo de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
Este diario señala también que Canal 13, donde en 1975 trabajaba Claudio Sánchez, otro de los presuntos implicados, confirmó en una carta enviada al colegio profesional que este comunicador aparece en una grabación informando del suceso.
Consultado, Claudio Sánchez, quien ahora trabaja en el canal Megavisión, declinó dar su versión de los hechos y remitió a su abogado, quien tampoco quiso hacer declaraciones. Efe también intentó, sin éxito, contactar con Julio López.
EL CASO PRATTS
La sentencia dictada por un tribunal chileno contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras y otras 8 personas por el asesinato del general Carlos Pratts y su esposa cierra uno de los capítulos más tenebrosos de la represión durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. “El país ahora ya sabe la verdad de lo que ocurrió; aquí se hizo justicia por nuestros padres”, afirmó Angélica Prats, una de las 3 hijas del matrimonio asesinado en Buenos Aires. Un tribunal condenó a doble cadena perpetua al general Contreras por el asesinato del general Prats González, y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de setiembre de 1974 en el barrio bonaerense de Palermo.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, también sentenció a Contreras, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), a 20 años por asociación ilícita por cometer el atentado explosivo contra Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
También sentenció a 20 años de cárcel al brigadier Pedro Espinoza, el general Raúl Iturriaga Neumann y los oficiales José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willeke, así como el suboficial Reginaldo Valdés, todos ellos en retiro.