Olmedo mencionó que entre los años 2011 y 2012 se adquirieron unas 800 hectáreas en la zona de la colonia Itakyry. “Desde entonces existe una superposición de títulos con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”, explicó.
A raíz de esa situación, recordó que se formó una comisión para el estudio de los títulos con la escribana mayor de Gobierno y se determinó que los títulos de la Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) son anteriores a los del INDI.
Sin embargo, el vicepresidente de la empresa aclaró que nunca se llegó a judicializar el caso y se logró un acuerdo entre la compañía y el cacique de la comunidad Ava Guaraní en Itakyry, Luciano Villalba.
“Nosotros utilizamos unas 300 hectáreas del inmueble y la comunidad indígena está asentada en otras 350 hectáreas”, indicó en conversación con la emisora 780 AM. Resaltó que nunca existió conflicto en los últimos cinco años.
Enzo Olmedo refirió que ellos, como empresa, estaban abocados a la instalación de una segunda planta industrial en el departamento de San Pedro. También dijo que la situación en la comunidad les afectó demasiado.
“El sábado me llama la gente administradora de la estancia y me dicen que la comunidad se está trasladando a la colonia Yvyrarobaná (Canindeyú). Llevaron sus pertenencias, sacaron sus cosas, escuela y el resto quemaron”, refirió.
Aprovechó ese momento para negar que la empresa tenga guardias de seguridad armados y que realicen desalojos sin una orden judicial.
“No hubo desalojo, no existe ninguna medida cautelar, ni juicio al respecto. No nos dedicamos a ese tipo de actividades como industriales”, afirmó.
Cuando fue consultado sobre el origen del conflicto, Enzo Olmedo fue categórico al mencionar un interés de por medio. Detalló que esas tierras son mecanizadas y los indígenas buscan arrendar para que otras personas cultiven soja.
“Le meten a Inpasa de por medio porque lo que ocurrió está dentro del predio de las 800 hectáreas cuya propiedad es de Inpasa, pero nosotros no hicimos ningún tipo de operaciones para obtener la posesión de la tierra”, insistió.
Cree que otras comunidades indígenas que están en los alrededores se quieren quedar con las tierras que fueron dejadas por la comunidad del cacique Luciano Villalba.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Fiscalía, aproximadamente unas 20 familias vivían en el lugar, hasta que se acordó su reubicación en Ybyrarobaná, en el departamento de Canindeyú. Sin embargo, entre tres a cuatro familias permanecieron en Itakyry y el conflicto con Inpasa continuó.
