“Hay que entender que la Dra. Marta González está desvinculada de la empresa, no tiene ningún tipo de incidencia. En todo caso, si es que la empresa gana o no una licitación tiene directamente que ver con el hecho de que cumple con los criterios de competencia que cualquier otra empresa está habilitada a operar”, señaló el ministro.
Para el titular del Tesoro, los cuestionamientos provienen de personas que se ven incomodadas por mayores exigencias en los controles.
Solamente este año, la empresa Audicon ganó tres licitaciones para prestar servicios de auditoría por un monto total de G. 311.656.000, al Ministerio de Obras Públicas; al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
NO ESTÁ PROHIBIDO. Entretanto, el coordinador de Normas Jurídicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Jorge Paiva, explicó que la Ley de Contrataciones Públicas no prohíbe a funcionarios de rango superior que participen de licitaciones estatales, e inclusive no está estipulado que no pueden hacerlo en la institución donde prestan servicios.
Agregó que la Ley de la Función Pública establece que aún cuando prestan servicios y son remunerados por el Estado, no son considerados funcionarios públicos el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo. “Entonces la prohibición misma de nuestra normativa no le afecta si tiene grado de ministro”, explicó.
Sostuvo que si el marido de la viceministra de Tributación fuera funcionario público sí le afectarían las prohibiciones de la Ley de la Función Pública e inclusive la Ley de Contrataciones Públicas.
Se intentó contactar con el señor Jacinto Santa María, pero en su empresa informaron que no se encontraba en ese momento en la oficina y que no tenía un horario de llegada. Indicaron que tampoco tenían permitido dar su número de celular.
El ministro Germán Rojas señaló, por otra parte, que están abiertos a dialogar sobre la resolución general 29/14, que norma el trabajo de los auditores externos impositivos. Añadió que ninguna reglamentación va a traer satisfacción a todas las partes porque implica un desafío de mejora profesional. Agregó que no puede desconocerse que la normativa fue socializada con los sectores afectados antes de ser aprobada, e insistió en que se está legislando en beneficio de toda la ciudadanía.