La semana anterior, los senadores primeramente y los diputados después aprobaron un Presupuesto que tiene dos pecados centrales: no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y no lo hace precisamente por determinados aumentos salariales en el sector público por encima de los topes establecidos.
Aún queda pendiente que la Cámara de Senadores apruebe la versión final del Presupuesto, pues existen algunos temas todavía por definir, pero los puntos principales que debíamos cuidar, como los mencionados, ya han sido vulnerados y esto tiene consecuencias, aunque desde la lógica política se lo quiera minimizar.
El proceso del tratamiento del Presupuesto es público y eso permitió que se pudiera debatir con tiempo y suficiencia sobre las cuestiones centrales de su composición, como cuáles eran los riesgos de salirse de una lógica de racionalidad, qué debíamos tratar de preservar y dentro de qué límites movernos.
Muchos referentes en temas económicos y presupuestarios pudieron dar su opinión fundada buscando incluso hacer una suerte de pedagogía pública. Diferentes gremios y asociaciones como la nuestra sentaron posturas individuales y conjuntas. Incluso los organismos multilaterales de cooperación alertaron sobre la necesidad tan mentada de respetar ciertas cuestiones básicas en el Presupuesto.
Se utilizaron argumentos sólidos basados en situaciones de nuestra historia reciente, como cuando en el año 2012 se produjo un aumento salarial del 34% en promedio en el sector público, lo que ha significado desde entonces destinar anualmente unos 800 millones de dólares extras solo para salarios; y con esto entrar desde ese año precisamente en sucesivos déficits fiscales.
Se apeló también a una suerte de sentido de coherencia, pues es precisamente este Congreso el que soberanamente aprobó en el año 2013 la Ley de Responsabilidad Fiscal con lo cual se autoimponía ciertas reglas macrofiscales, pero que ahora las ignora directamente.
Se tuvo tiempo de analizar en diversos ámbitos las consecuencias negativas a nivel interno y externo, al tomar decisiones de incumplimiento de reglas que nosotros mismos nos impusimos.
Por ejemplo, la eventualidad de que el tan ansiado “grado de inversión del país” que venimos buscando a nivel internacional tal vez se demore ante esta demostración de que nuestra institucionalidad y el respeto a leyes tan importantes como la LRF se flexibilicen en momentos electorales.
En un intento final, el Ministerio de Hacienda planteó al Congreso una suerte de salida alternativa que podría permitir aún un manejo razonable del Presupuesto, pero tampoco esto funcionó.
De hecho, ni siquiera ciertos legisladores que responden al sector oficialista acompañaron al Gobierno, en este caso en la propuesta presentada y defendida con mucho ímpetu por la propia ministra de Hacienda.
Nuestro diseño constitucional permite una última opción que sería en este caso el veto por parte del Poder Ejecutivo. Ya pasamos el año pasado por esta situación cuando el Presupuesto del año 2017 se había vetado totalmente, generando una situación inédita y bastante compleja de resolver en el país.
No necesitamos pasar por dicha situación de vuelta, pero la alternativa de un veto parcial sobre aquellos aspectos del presupuesto que lo desajustan incumpliendo la LRF sería una opción razonable y responsable.
Un eventual veto parcial y su posterior tratamiento en el Congreso ya se daría luego de las internas del 17 de diciembre, un tema que está marcando toda la agenda política actual.
Claro que luego se vendrán las nacionales, pero aun pecando de cierta ingenuidad, la descompresión inmediata luego de las internas tal vez nos deje un margen de acción que podemos y debemos aprovechar.
Ahora, esto está en manos del Poder Ejecutivo.