Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EEUU, señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado, en el que tildaron la confiscación de “piratería”.
Según Washington, la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares, es un Dassault Falcon 900EX, propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
Sin embargo, Venezuela ha dicho que se trata de una “práctica criminal” aplicada por EEUU “justificándose” en las numerosas sanciones aplicadas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años.
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“Esta acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional (...). Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”, prosigue el comunicado.
A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.
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Según el fiscal general de EEUU, Merrick B. Garland, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”.
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses “para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Fuente: EFE.
