Bensouda comunicó esta conclusión a su homólogo venezolano, Tarek William Saab, en una reunión mantenida el miércoles en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en la ciudad neerlandesa de La Haya.
El tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. La Fiscalía de la CPI ha solicitado al Gobierno de Nicolás Maduroa información sobre “los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, la carta fundacional de la corte internacional. Este requerimiento de información significa que “el informe preliminar se encuentra en una fase final importante, la de admisibilidad”, dijo a Efe una fuente del tribunal.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.
En esa eventual fase, los investigadores de la CPI podrían trasladarse a Venezuela para ampliar las pesquisas.
En la reunión de este miércoles entre las autoridades venezolanas y la Fiscalía de la CPI, las autoridades del país caribeño “aseguraron su disposición a cooperar” con el tribunal. EFE
