El vicepresidente Hugo Velázquez manifestó que hay que comenzar a estudiar para solicitar un resarcimiento a los pares de Brasil a partir del informe concluyente de la Contraloría General de la República sobre la deuda espuria de Itaipú.
Las declaraciones del vicepresidente fueron vertidas luego de participar de un acto oficial en el Ejército, en compañía del presidente de la República.
Velázquez sostuvo que esta investigación de la deuda que tiene Itaipú ha comenzado aproximadamente hace 10 años y recién la administración de Abdo Benítez ha decidido poner todas las documentaciones ante la Contraloría para que se llegue a esta conclusión.
“Este Gobierno ha impulsado que se investigue, se estudie y se resuelva finalmente lo que la Contraloría refiere a estas deudas”, sostuvo el vicepresidente.
La deuda ilegal de la hidroeléctrica Itaipú de USD 4.193 millones se generó entre 1985 y 1997, según el informe oficial de la Contraloría General de la República.
el origen. Hugo Velázquez confirmó que mantuvo una reunión con los técnicos, quienes le dejaron en claro que la generación de esta deuda era responsabilidad de los problemas que fueron ocasionados en el sector brasileño.
Directamente el que ha sido dañado es Itaipú. Toda la deuda fue cargada en el precio final que son los consumidores, que eran los que pagaban las deudas.
Velázquez consideró que lo que hay que plantear es una negociación en la cual se tengan que resarcir las diferencias de costos y el beneficio que sacó Eletrobras.
Sostuvo que en una mesa de diálogo se tendría que sentarse a buscar una negociación. Eventualmente tenemos que sentarnos y se tendría que negociar, no solo revisar el Anexo C, sino renegociar el tratado en sí. Aunque esta decisión dependerá al mismo tiempo de la posición que deberán asumir los pares de Brasil.
el informe. Velázquez dijo que personalmente no conversó con ninguna autoridad de Brasil.
Sí consideró necesario que el informe de la Contraloría se pueda remitir a las autoridades del lado brasileño.
Velázquez insistió en recordar que uno de los puntos establecidos en el acuerdo entre el gobierno de Fernando Lugo y el de Luiz Inacio Lula Da Silva era la posibilidad de que la Contraloría entre a auditar y que finalmente el informe se dé a conocer en seis meses. Sin embargo, sostuvo que ningún gobierno envió las documentaciones a la Contraloría y recién ahora se presentó a la opinión pública y al Gobierno.
Hay posiciones encontradas de algunos juristas sobre la deuda espuria. Algunos hablan de prescripción y que es difícil configurar la conducta penal. Mientras otros sostienen lo contrario.
