El vicepresidente Hugo Velázquez reveló ayer que no fue tenido en cuenta para la presentación del polémico proyecto de ley de emergencia impulsado por Mario Abdo ante el Congreso, que pretende cercenar algunas libertades públicas y encarcelar el tráfico de vacunas.
Velázquez admitió, no obstante, que prefiere que se debata sobre dicho proyecto porque desaprueba los decretos que hasta ahora dictó Abdo, que establecen restricciones. Calificó dichos decretos de “dictatoriales”, por lo que consideró que debe analizarse una ley por lo que dejó en manos de los legisladores considerar las modificaciones que sean necesarias al proyecto enviado por el Ejecutivo.
“Es preferible presentar esta ley de emergencia y que el Congreso opine a que se siga reglamentando por decreto. Si a esta ley lo llaman dictatorial, imaginate qué se va a pensar de los decretos”, argumentó.
El vicepresidente dijo que recién ahora se tomará su tiempo para considerar el alcance de la normativa, ya que hasta ahora aún no leyó el documento.
Pese a su rol constitucional de ser nexo del Ejecutivo con el Poder Legislativo, llamativamente desde el Palacio de Gobierno le puentearon al vicemandatario, ya que la propuesta fue enviada directamente por el Gabinete Civil, a cargo del asesor Hernán Huttemann, al Congreso.
El lunes, durante la reunión de la mesa directiva del Senado, defenderán el proyecto varios ministros; entre ellos, Arnaldo Giuzzio, de Interior; Carla Bacigalupo, de Trabajo; Julio Borba, de Salud, y Huttemann.
MODIFICAR. Velázquez consideró plausible la oportunidad de escuchar los cuestionamientos de los legisladores al proyecto en cuestión y que a partir de ahí se pueda consensuar si son necesarias las modificaciones pertinentes.
“Si los congresistas están cuestionando esta ley, tendrán la magnífica oportunidad de modificar en las comisiones este tema. Si creen que hay artículos que riñen con la Constitución, ellos pueden hacer los cambios”, sentenció Velázquez.
Un sector de la oposición en el Senado plantea el retiro de la propuesta de Mario Abdo porque consideran que tiene un tinte represivo y autoritario. Solamente algunos legisladores, entre ellos, Desirée Masi, apoyan la posibilidad de abrir a un debate.
Uno de los principales cuestionamientos es que desde el Poder Ejecutivo se pretende cercenar y castigar a la población que quiere trabajar o circular. Se plantea otorgar más poder al Ejecutivo para imponer las restricciones en el marco de la cuarentena por el Covid-19.
CASTIGO. El proyecto de ley plantea también el castigo penal para la inmunización irregular, el hurto y el hurto agravado de medicamentos e insumos médicos.
Esto luego de las denuncias de las vacunaciones irregulares que le costaron el cargo a la ex senadora Mirta Gusinky, quien presentó su renuncia, y también aparece el nombre del parlasuriano colorado Celso Troche. Los nombres de estos se suman a una lista de personas que recibieron la inmunización contra el Covid, a pesar de que aún no forman parte de la franja etaria superior a los 75 años.
La propuesta de Marito contempla limitar la cantidad de invitados que asistan a eventos sociales, culturales, deportivos o cualquier espectáculo, donde existe un riesgo de contagio o aglomeración.
Actualmente, cada dos semanas, Abdo firma un decreto donde justamente se ponen normas y limitaciones para la circulación de personas para evitar el contagio masivo, principalmente en los encuentros sociales y de ocio. Sin embargo, el sector gastronómico cuestiona que mientras se cercena la libertad a los trabajadores hay permisividad para otros sectores, generando desigualdad.
Los legisladores coincidieron en que antes que leyes represivas lo que hace falta son vacunas y camas de terapia intensiva para atender a la población en medio de la crisis sanitaria y económica.
Desde el Ejecutivo siguen negociando la llegada de las vacunas.
Es preferible presentar esta ley de emergencia y que el Congreso opine a que se siga reglamentando por decreto.
Si a esta ley la llaman dictatorial (proyecto de emergencia), imaginate qué se va a pensar de los decretos. Hugo Velázquez, vicepresidente.
