Desde hace varios años la Comisión de Seguridad del Barrio Boquerón insiste en el traslado del penal a otro local y el año pasado tuvieron la promesa, de la entonces ministra Cecilia Pérez, de que en noviembre del 2022 se haría el traslado, relató el abogado Eduardo Ramón Morales.
La promesa no se cumplió debido a que el nuevo local construido en el distrito de Minga Guazú aún no cuenta con agua potable y muebles, de acuerdo con la explicación que recibieron los vecinos.
A los problemas de seguridad denunciada por los vecinos, debido a las constantes fugas de internos, con disparos y persecuciones que ponen en riesgo la vida de los pobladores y estudiantes de los colegios ubicados en el sector, ahora se sumó la contaminación con el líquido emanado de las cloacas.
“Estamos en enero y no se mudó, dicen que no hay agua, mueble. La cuestión continúa ahí, reventó todo (la cloaca), cada vez que llueve largan su cloaca, va a parar en el lago”, afirmó Morales.
El presidente de la comisión, ingeniero Felipe Faraone, también señaló que el hecho ya constituye un delito ambiental, por el problema que representa que el agua contaminada que sale del penal vaya a parar al Lago de la República, de donde la Essap succiona el agua para tratarla y distribuirla en la zona céntrica.
“Creo que no hay voluntad política por algunas cuestiones”, afirmó el gobernador Roberto González Vaezquen, quien también ya había enviado sendas notas al Ministerio de Justicia pidiendo el traslado del penal al nuevo local. EM