De hecho, políticos que tienen negocios con fondos públicos son protegidos pese a las evidencias. Entre los casos más destacados figura el diputado de Colorado Añetete Éver Noguera, quien por medio de licitaciones triplicó su fortuna.
Fue adjudicado con unas 28 licitaciones públicas en solo cuatro años, mediante las cuales recaudó más de G. 5.000 millones, desde el 2013 al 2017.
Está imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, pero la Cámara Baja rechazó su desafuero.
También el senador de Colorado Añetete Rodolfo Friedmann negociaba con la merienda escolar siendo gobernador de Guairá y está procesado en el mismo caso que Noguera.
Igualmente, el gobernador de Central, Hugo Javier González, era cabeza de un esquema de recaudación con facturas falsas por medio de oenegés a quienes se les transferían fondos de la Gobernación. Cuatro instituciones de control presentaron informes técnicos que revelaron el fraude.
Durante la pandemia también salieron a luz negociados con licitaciones del Ministerio de Salud para compra de insumos médicos. Las figuras visibles del esquema fueron los Ferreira, una familia dueña de empresas como Imedic y Eurotec que acordaban entre sí para amañar licitaciones. Esto le costó la cabeza al ministro de Salud Julio Mazzoleni.
Recientemente, Julio Fernández, titular de la Dirección Nacional de Aduanas, vinculó al senador Martín Arévalo en un mecanismo de tráfico de celulares provenientes de Estados Unidos.
Indicó que, según un informe del país norteamericano, desde el 2014 al 2018 fueron importados por valor de USD 3.946 millones solamente celulares al Paraguay. Dijo que por esto quería tener funcionarios de confianza en puestos claves, como los puertos, por donde ingresan mercaderías de contrabando.