Se trata de una herramienta que resume el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción, específicamente en el ámbito normativo.
Entre los temas evaluados se encuentra el “abuso de funciones” sobre el cual, el informe refiere que no cuenta con desarrollo normativo en nuestro país y forma parte del sistema de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El documento refiere que se recomienda que Paraguay establezca como delito el abuso de funciones con arreglo a lo tipificado en la Convención. “Se recomienda legislar como crímenes a fin de incorporarlos como delito subyacente del delito de lavado de dinero”, indica el informe.
En cuanto al programa de protección de testigos se recomienda que nuestro país revise la normativa y ponga en marcha programas efectivos que materialicen tal protección. El programa no está encaminado específicamente a estos casos ni atiende a la protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa.
Cabe señalar que las Convenciones contra la Corrupción tienen el propósito de promover el desarrollo de medidas para prevenir y erradicar la corrupción, así como facilitar la cooperación internacional entre los Estados.
Paraguay firmó y ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 1996. Desde el año 2001, es parte del Mesicic, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La diputada Kattya González, quien es una de las impulsoras del frente anticorrupción, habló de la necesidad de establecer un pacto entre los tres poderes del estado, los organismos de control extra poder y la ciudadanía para “implementar políticas que reformen y solucionen problemas específicos que hacen posible la corrupción, sancionando a los culpables y apuntando a la reparación del daño social producido con esta práctica. Es el compromiso que esperan los ciudadanos de sus autoridades”, dijo.
El Frente Parlamentario Anticorrupción realizó un estudio y dio recomendaciones en materia legislativa realizadas en el marco de las Convenciones de Lucha contra la corrupción.