El sonado caso de Liz Paola Duarte, la denominada “secretaria vip” del entonces contralor de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, que fue relevado por una investigación periodística que empezó a ser publicada por este diario en mayo de 2015, acaba de tener una nueva acción por parte de la Justicia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de 4 años de cárcel para el ex contralor Óscar Rubén Velázquez, y 2 años de encierro (suspendida a prueba), a la ex subcontralora, Nancy Torreblanca, ratificando la resolución del 23 de diciembre del 2019, del Tribunal de Apelación Penal, que a su vez había confirmado lo resuelto en el juicio oral por las juezas Mesalina Fernández, Mercedes Aguirre y Gloria Hermosa, del 10 de mayo del 2019.
Como se podrá recordar, esta fue una de las más relevantes investigaciones realizadas por reporteros de este diario y fue la primera vez en que tuvieron un efecto importante, ya que por vez primera un trabajo periodístico causó la renuncia de altas autoridades ante las amenazas de ser sometidos a juicio político en el Parlamento y que a la vez sean procesados y vayan a la cárcel.
Las publicaciones de Última Hora revelaron varios hechos irregulares en una de las instituciones importantes del Estado paraguayo.
La funcionaria Liz Paola Duarte llegó a cobrar hasta G. 37 millones al mes, mucho más de lo que en ese momento ganaba un ministro del Poder Ejecutivo, gracias a sus horas extras. La investigación probó, además, que la asistente se encontraba de vacaciones, fuera del país, mientras el reloj de la institución marcaba su presencia en horas de trabajo.
Ella incluso fue capaz de obrar una auténtica proeza: alargar la duración del día, ya que cobraba onerosas extras por trabajar “27 horas por día”.
Otro sonado caso que ahora obtuvo también una confirmación por parte de la Justicia, de la misma forma había originado en una investigación de este diario.
El trabajo periodístico reveló una sobrefacturación en la compra del edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto y Presidente Franco, en el 2009. El mismo fue adquirido por el entonces ministro de Educación, Luis Alberto Riart, durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, por G. 14.045.123.400, cuando según las tasaciones costaba G. 12.579.600.000.
El local fue considerado un “elefante blanco” adquirido por la administración Lugo, ya que hasta ahora no pudo ser utilizado y se convirtió en una guarida de personas marginales, constituyendo además un foco de inseguridad en pleno microcentro.
Ahora, la Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias y un recurso planteados por las defensas de los condenados, entre ellos, el ex ministro Riart, por lo que ahora el fallo queda firme y deberán cumplir con la pena de prisión, de 3 años de cárcel en el caso de Riart.
Como pocas veces, estos hechos delictivos revelados por la prensa tienen una respuesta efectiva desde el Poder Judicial, evitando que puedan quedar en la impunidad, como casi siempre ocurría y sigue ocurriendo.