14 mar. 2026

Valeria Mazza apela la multa del fisco y rechaza la acusación de evasión impuestos

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- La modelo argentina Valeria Mazza apeló la multa que le fijó el fisco por presunta evasión tributaria y rechazó la acusación, aunque resolvió pagar los montos que se le reclaman, informó hoy su abogado.

“Se encuentra en trámite un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra una decisión del ente recaudador que pretendiera imponer a la señora Mazza una multa administrativa”, señaló el letrado Carlos Lucuy en un escrito divulgado hoy a la prensa.


El escrito sostiene además que la modelo no fue directiva de tres empresas que aparecen involucradas en la denuncia y rechaza la acusación de presunta “asociación ilícita”, ya que “no tiene el mínimo asidero jurídico”. EFE | Ampliar imagen

Los diarios locales habían informado esta semana de que la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) inició un juicio penal contra Mazza y su marido, Alejandro Gravier, por computar como “gastos comerciales” viajes, excursiones, el mantenimiento de automóviles y artículos para su hogar con el fin de eludir el pago de impuestos.

Según el abogado de la modelo, durante la verificación que realizó la AFIP de los desembolsos “se suscitó una única diferencia de criterios con el fisco con motivo de los gastos realizados por Mazza y que estuvieron estrictamente vinculados a su profesión”.

“Sin perjuicio de nuestra absoluta disconformidad con la postura del fisco, Mazza tomó la decisión de regularizar los conceptos reclamados”, indicó Lucuy, aunque no dio a conocer a cuánto ascienden estos montos.

El escrito sostiene además que la modelo, de 36 años, no fue directiva de tres empresas que aparecen involucradas en la denuncia y rechaza la acusación de presunta “asociación ilícita”, ya que “no tiene el mínimo asidero jurídico”.

De acuerdo con la denuncia difundida por el diario Crítica, el fisco también sostuvo que el matrimonio contrató a unas seis personas para que facturasen hasta 70.000 pesos anuales (20.588 dólares) por servicios que nunca se prestaron, lo que permitiría “probar la existencia de una asociación ilícita”.

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