Evidentemente el documento más desconocido del Paraguay es la Constitución Nacional. Pocos saben cuántos artículos tiene, cuál es su característica central y qué ambiciona fundamentalmente. Los legisladores –que deberían pasar un examen previo a su juramento– desconocen, por ejemplo, cuestiones elementales como las esgrimidas por la Comisión de Prensa y Propaganda de la Cámara de Diputados que rechazó la propuesta de ley de acceso a la información pública porque “no hacía falta”, dejando para el plenario la explicación de los argumentos de esta postergada ley desde 1992.
Ninguno de sus miembros ha leído el Art. 28 que afirma textualmente: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.
Eso significa que una reglamentación no solo es necesaria, sino que además es fundamental para que lo afirmado más arriba sea posible. Si no se reglamenta como dice más abajo, no es efectivo el derecho. No parece necesario explicarlo aunque los costosos miembros de esta Comisión afirmen lo contrario. Esta tarea de explicar lo obvio, desacredita a la democracia y baja la calidad de las instituciones. Nadie en la Comisión fue capaz de hacerle notar este mínimo detalle tan claramente enunciado en la Constitución para evitar el absurdo escándalo de afirmar que “no era necesaria la norma...”. De las cosas más irritantes que cometen los políticos diariamente es la abierta y desembozada actitud de ignorancia que exhiben con abierta impudicia. No temen las consecuencias de sus exabruptos, sino por el contrario muestran con orgullo sus “hallazgos legales” para intentar justificar algo totalmente injustificable. La ya de por sí desprestigiada Cámara Baja hace honor al adjetivo calificativo con este tipo de comportamientos en esta Comisión, que esperamos sea corregida en el Pleno no solo para enderezar entuertos, sino para proyectar algo de rubor ante el descarado atropello a lo que manda la Constitución sobre la cual juraron realizar su tarea legislativa.
Esto tendría además que tener un costo. Los legisladores de esta Comisión deberían pagar ante la sociedad su descaro e ignorancia. De lo contrario, la imagen que proyectan es que estamos sosteniendo todos los paraguayos los burros más caros de la administración pública, llegando a la conclusión de que nada importa ni tiene costo. Alguna indignación colectiva nos merecemos los paraguayos para decirles a los diputados Durand, Tarragó y Rubin que las afirmaciones de que “esto era pretender reglamentar la vida, estableciendo cuándo la vida será resguardada y cuándo no”, y que “el acceso a la información es una libertad y, como ella, debemos ejercerla sin reglamentaciones que la burocraticen”, insultan y degradan la inteligencia humana y al noble montado sobre el que Cristo entró a Jerusalén. Quiero entender que la Comisión –que también se llama de “espectáculos"– hizo su dictamen en ese carácter para convertirla en un hazmerreír de cuarta.
Los legisladores que no saben leer ni entender la Constitución algún castigo deben recibir; de lo contrario, uno de estos días nos dirán que el país no existe y, como tal, puede ser anexado o regalado a quien lo quisiera, total somos parte de una misma raza y ¡condición humana!
Cuidado con la ignorancia, su costo para el país es descaradamente alto y peligroso.
