El análisis, realizado por Waldo Tapia –especialista de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID– refiere que cuatro son los desafíos más importantes: el problema de la baja cobertura; un sistema peligrosamente generoso; la inexistencia de una Superintendencia de pensiones; y la alta fragmentación normativa.
La publicación realizada en Factor Trabajo, un blog de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, señala como primer punto el problema de la baja cobertura.
cotizantes. Como se señala en Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, la cantidad de trabajadores que cotizan al sistema de pensiones alcanza al 18%, una cifra sustancialmente menor a la del promedio latinoamericano (44%). Este mismo estudio subraya que solo el 14% de los hombres y el 18% de las mujeres mayores de 65 años reciben una pensión.
Como segundo punto destaca que es un sistema peligrosamente generoso. Un estudio publicado conjuntamente por el Banco Mundial, el BID y la OCDE muestra al sistema de pensiones paraguayo como uno de los esquemas más generosos, con tasas de reemplazo promedio que exceden el 100%, una cifra superior al que muestran los países de la región, que en promedio alcanzan el 62%. Esta situación compromete la sustentabilidad financiera del sistema y puede comprometer la gestión de las finanzas públicas, pues afecta negativamente la situación fiscal del país.
En tercer orden refiere sobre la inexistencia de una Superintendencia de pensiones. A diferencia de otros países de la región, Paraguay permanece aún sin una entidad gubernamental que centralice las labores de supervisión y regulación del sistema de pensiones. De la misma forma, no existe un marco regulatorio uniforme del sistema, no se consolidan las estadísticas de cotizantes y beneficiarios, y tampoco se cuenta con normativas uniformes para la inversión de las reservas. En el pasado, estas situaciones se han traducido en decisiones inadecuadas, que han generado pérdidas patrimoniales que han afectado la sostenibilidad financiera del sistema y eventualmente pueden constituirse en un pasivo para el Estado.
Finalmente, hace hincapié en la alta fragmentación normativa. Como resultado de la ausencia de una entidad de supervisión y una norma única para todo el sistema, las regulaciones de las cajas previsionales muestran una gran heterogeneidad en cuanto a sus disposiciones normativas. Esta situación queda reflejada en los diferentes parámetros existentes, incluyendo la tasa de contribución y las condiciones de otorgamiento de los beneficios, así como también en el tratamiento de los diversos grupos de trabajadores.