La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presenta hoy al Ministerio Público una nota de urgimiento para que sea designado un fiscal que investigue las denuncias presentadas contra el senador Dionisio Amarilla, por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
El urgimiento se debe a que la coordinadora presentó ya hace más de un mes la denuncia contra el legislador y el Ministerio Público no ha designado aún a un agente fiscal para que atienda el caso.
Amarilla presidirá este año la Comisión Bicameral que estudiará el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019, ya que este año le toca al representante del Senado la titularidad de dicha instancia legislativa.
Denuncia. La Coapy presentó el pasado 25 de julio ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción una denuncia penal contra Amarilla por supuestos hechos de corrupción pública, en concreto, por la aparente comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Publicaciones periodísticas señalan que el legislador amasó una gran fortuna en los últimos años y que sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa, ya que estos sumarían un monto superior a los G. 9.000 millones.
También se vincula al legislador con una empresa constructora BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con la Gobernación de Ñeembucú, cuyo titular es Carlos Silva, correligionario y cercano de Amarilla.
Informes de monitoreo de la organización Semillas para la Democracia e Idea Internacional también mostraron a Amarilla como uno de los políticos que más gastó en la campaña política. El estudio señaló que en un solo mes invirtió G. 1.800 millones.
El Ministerio Público llamativamente no ha designado a un fiscal que lleve adelante la investigación pese a la denuncia formal presentada y las publicaciones que señalan dichas irregularidades.
Contactos. Respecto al caso, la Fiscalía hasta la fecha solamente envió una solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) para un examen de correspondencia de los bienes del legislador, pero la encargada de elaborar dicho informe es la misma esposa del senador liberal, Analy Valiente, directora de Declaraciones Juradas de la CGR.
Además de su esposa, en la misma dirección el legislador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, quien cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos de Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.
Amarilla nunca trabajó en el sector privado y fue administrador por más de 20 años de la UNA y de allí pasó al plano político. Fue diputado por el Departamento Central por el periodo 2013-2018 y este año llegó a la Cámara Alta.
