Nadie dudaría acerca de la necesidad de mejorar la institucionalidad estatal para proteger los fondos de manera a garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, la falta de credibilidad por parte de una inmensa mayoría de los afectados hacia quienes promovían el proyecto generó un ambiente poco propicio para el debate.
La discusión sobre un proyecto de ley tan complejo requiere información y diálogo para la construcción de consensos, pero sobre todo la idea de que la negociación es para que gane la mayoría, si no es posible que todos ganen.
Latinobarómetro 2017 muestra que de 18 países de América Latina, Paraguay tiene el menor nivel de confianza. Apenas el 10% confía en el Parlamento y el 16% en el gobierno. El nivel de aprobación del gobierno en 2017 es el segundo más bajo de la última década. Solo el 21% de la población aprobaba la gestión gubernamental. En 2007 se registró el menor nivel, con 17%, mientras que en 2008 el mayor, con el 86% de la población a favor.
Estos resultados explican gran parte del rechazo a cualquier intento de modificar las normas relativas a la seguridad social, aunque la intención esté sostenida con argumentos a favor de la solidez del sistema.
Los intentos de violación a las normas y la impunidad ante las violaciones, las decisiones públicas que benefician el interés particular por encima del bien común, la vigencia del nepotismo, el tráfico de influencia y los conflictos de intereses en el ámbito público han calado profundamente en la ciudadanía paraguaya, generando la sensación de que cualquier cambio es para retroceder en los derechos.
En Latinobarómetro 2016, solo el 10% opinaba que se gobierna “para el bien de todo el pueblo” y en contrapartida, el 88% señalaba que el país “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
El resultado ha sido la terrible percepción ciudadana de que cualquier cambio es para empeorar. La desconfianza es un obstáculo insalvable en la construcción de políticas públicas en un contexto democrático.
Las autoridades deben saber que hoy hay menos espacio para conductas autoritarias, por lo que si quieren gobernar deben generar un contexto adecuado para la negociación y el consenso. De otra manera, la inseguridad acerca de los verdaderos objetivos que tienen los políticos y funcionarios públicos se transformará en una barrera para avanzar hacia el desarrollo.
La seguridad social enfrenta serios problemas que deben ser abordados de manera a aumentar sustancialmente la cobertura, garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y reducir las desigualdades que presenta en su interior.
Los cambios que requiere exigen un diálogo y acuerdos en el que estén representados personas con solvencia moral y capaces de construir confianza entre todos los actores. No es un problema de desinformación o arreo como pretendieron señalar algunos. En democracia, el voto es necesario para construir políticas públicas, pero de ninguna manera es suficiente.