Editorial

Urge proteger el derecho de los indígenas a no ser desalojados

En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias de desalojos violentos de comunidades indígenas, sin que las autoridades —que deben protegerlos— intervengan de manera decidida. En muchos episodios es el propio Estado el que procede a expulsarlos, ignorando los derechos consuetudinarios. Pero los hechos más graves son los que involucran a sectores particulares, con gran poder económico, que se sirven de sus influencias para hacer valer la presunta propiedad sobre las tierras originarias, recurriendo a grupos armados privados para ejercer una violencia totalmente ilegal. Los indígenas siguen siendo uno de los sectores más invisibilizados y vulnerables de nuestra sociedad, algo que incluso se ha agravado durante la pandemia del coronavirus. Es urgente que la sociedad se manifieste para amparar el derecho de los más pobres.

Ea situación de los 19 pueblos indígenas del Paraguay arrastra antiguos conflictos y dramas que hasta ahora han sido muy poco atendidos y resueltos.

Aunque la Constitución los reconoce como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, admitiendo importantes derechos —como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros aspectos—, estos se cumplen muy poco en la realidad cotidiana.

El principal organismo encargado de velar por estos derechos, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tiene poca representatividad y bajo presupuesto, además de actuar generalmente como un apéndice del partido político en el Gobierno y con criterios meramente asistencialistas y partidistas.

Los indígenas siguen siendo uno de los sectores más invisibilizados y vulnerables de nuestra sociedad, algo que incluso se ha agravado durante la pandemia del coronavirus.

En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias de casos de desalojos violentos de comunidades indígenas en varios puntos del país, sin que las autoridades —que deben protegerlos— intervengan de manera decidida. En muchos episodios es el propio Estado —a través de la Justicia, la Fiscalía y la Policía— el que procede a expulsarlos, ignorando los derechos consuetudinarios, pero los hechos más graves son los que involucran a sectores particulares, con gran poder económico, que se sirven de sus influencias para hacer valer la presunta propiedad sobre las tierras originarias, recurriendo a grupos armados privados para ejercer una violencia totalmente ilegal.

Entre algunos de los casos recientes, la comunidad Ka’a Poty 1 del pueblo Avá Guaraní, en Itakyry, Alto Paraná, fue desalojada de sus tierras ancestrales, pese a contar con título legítimo otorgado por el Estado paraguayo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), adquirido ya en 1996. La propiedad indígena está registrada, además, en la Dirección General de Registros Públicos y en el Servicio Nacional de Catastro.

Según una denuncia del parlamentario Ricardo Canese ante el Parlasur, también se produjo el desalojo de la comunidad indígena Avá Guaraní de Tekoha Ka’avusu, de Itakyry, compuesta por unas 60 familias, los días 7 y 8 de julio pasado, resultando varios heridos con balines de goma, además de ser quemadas sus pertenencias. El 7 de julio se procedió al desalojo de la comunidad Avá Guaraní Cristo Rey, en Ybyrarobaná, Canindeyú. Al menos 100 familias de esta comunidad ahora están viviendo en calles aledañas.

El 1 de junio fue desalojada la comunidad indígena Avá Guaraní de Yvy Porã, con unas 80 familias indígenas, en Río Verde, San Pedro, quedando expuestas a la vera del camino, con grave afectación a su derecho a la salud. Suma a este caso, el de la comunidad indígena del Avá Guaraní de Cerrito, en Minga Porã, Alto Paraná, con otras 85 familias víctimas, y el caso de la comunidad Paî Tavyterã, de Tekoha Guasu Yvy Pyte, en Amambay, amedrentados por civiles ante el abandono del sistema de justicia.

Es urgente que la sociedad se manifieste para amparar el derecho de los más vulnerables.

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