El aumento del precio de los combustibles exige un cambio radical por parte del Gobierno, que debe proponer un plan y crear amplios y participativos espacios de debate que permitan un acuerdo sobre los cambios a realizarse.
Las empresas y las familias tienen una alta dependencia de los productos derivados del petróleo. La producción de muchos bienes y servicios tiene como un insumo importante en su estructura de costo este combustible, por lo tanto, sus precios están siendo afectados. Los hogares que cuentan con cocina a gas o tienen vehículos también están sintiendo los efectos, ya que el aumento de los precios se traduce en un menor uso de los mismos o en el sacrificio de otros gastos.
El Gobierno debe reducir la incertidumbre que genera el aumento de los precios del petróleo proponiendo una política para los próximos años y además informar periódicamente lo que está ocurriendo a nivel mundial.
Si bien la economía se resentirá con el aumento de la cotización internacional del petróleo, los efectos negativos pueden anticiparse y realizarse acciones para mitigarlos. Las empresas y las familias necesitan esta información y es rol indelegable del Estado proporcionarla.
No obstante, siendo el país de mayor producción de energía limpia y renovable, es inconcebible que Paraguay tenga tanta dependencia de un combustible fósil e importado, lo que pone en perspectiva el debate acerca de la matriz energética nacional. Además de garantizar la provisión de información para generar previsibilidad en la economía, el Gobierno debe avanzar en un plan que nos permita reducir nuestra dependencia y volatilidad externa transitando hacia el mayor uso de energía eléctrica.
Este objetivo debe constituir una prioridad nacional teniendo en cuenta la situación actual en la materia. No solo dependemos de los países por el petróleo, sino que además tenemos una pésima calidad de la energía eléctrica. Esta mala combinación nos ubica en una situación de baja productividad y alta vulnerabilidad, condiciones que no ayudan a transitar hacia un crecimiento sostenible y a la posibilidad de transformar el mismo en desarrollo.
Con la mayor urgencia el país debe contar con un plan energético que incluya objetivos claros, metas y resultados cuantificados, plazos bien definidos y responsables del cumplimiento. En cinco años más, debiera haber cambiado la situación del país.
En las condiciones privilegiadas que tenemos como país, con dos represas hidroeléctricas, poner en discusión dos o tres veces al año el aumento de los precios del petróleo demuestra nuestra incapacidad para dar solución a un problema teniendo la solución en nuestras manos.
Dar señales positivas constituye un imperativo de corto plazo. El Gobierno podría empezar proponiendo un plan de inicio de un cambio estructural en el transporte público para Asunción y el área metropolitana. Obras más ambiciosas que esta han sido implementadas, siendo de dudoso beneficio público; mientras que un cambio en la movilidad pública puede tener un impacto fundamental en la vida de la mayoría. Es inconcebible que el Gobierno no esté dando señales de cambio al respecto.