La falta de regulación oportuna y eficaz de las tasas de interés cobradas por el financiamiento a través de las tarjetas de crédito se agrega a la tardía reacción del BCP este año para regular también las comisiones bancarias.
En Paraguay, el consumidor está totalmente desprotegido, ya que ninguna institución gubernamental cumple los roles para las que fueron creadas en este ámbito. Ni el organismo que cumple ese propósito en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ni la Defensoría del Pueblo –cuyo fin, entre otros, es defender a la ciudadanía de los abusos de cualquier sector, público o privado– se han dedicado a proteger a las personas de los abusos económicos.
En este caso, el BCP dejó que por un largo periodo las instituciones financieras cobraran tasas de interés a todas luces usurarias y fuera de lo razonable.
A ello se agregan los excesivos cobros de comisiones bancarias, no siempre justificadas. Solo recientemente esta situación fue subsanada con nuevas regulaciones; sin embargo, los usuarios llevan largos años sufriendo todo tipo de abusos.
Los supuestos problemas que se generarán, según voceros de las instituciones financieras, sobre todo para quienes cuentan con tarjetas de crédito con bajas líneas de crédito, deben llamar la atención de las autoridades. Si es cierto que este hecho perjudicará a algunos usuarios se hace necesario que se tomen las medidas necesarias para mitigar los efectos negativos.
Es lamentable que la situación haya llegado al extremo de que haya sido necesaria la intervención del Poder Legislativo por iniciativa propia. La propuesta de regulación debiera haber surgido del BCP, fundamentada en estudios y argumentos contundentes de manera que no haya espacio para la actitud chantajista que asumieron varias de las instituciones privadas en estos últimos días.
Actualmente ya se está discutiendo una nueva propuesta de ley para ajustar otra vez las tasas de interés. Aquí habrá que congeniar las expectativas de todos los sectores involucrados en el tema, en buscando de un equilibrio para la defensa de sus intereses.
El abuso cometido contra los usuarios por parte de las instituciones financieras, la desprotección del Estado, la incertidumbre que generan los cambios sucesivos en la normativa, sumados a la desconfianza de la ciudadanía, que ya tiene larga data debido a las crisis financieras de la década de los noventa, ponen límites a la eficacia de cualquier política de inclusión financiera.
Las instituciones económicas deben cumplir los roles para los que fueron creadas de manera oportuna y eficaz, garantizando el interés general por encima de los intereses particulares y garantizando el buen funcionamiento del mercado.