Entre ellas se encuentra Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, considerada la segunda ciudad más importante del país, y en igual o mayor medida Salto del Guairá (Canindeyú), Pedro Juan Caballero (Amambay), incluyendo a las ciudades que también operan con los turistas que ingresan desde la Argentina, como Encarnación (Itapúa) o Alberdi (Ñeembucú).
El caso más dramático, según destacan las autoridades, los comerciantes y los pobladores, es el de la capital del Alto Paraná. Said Taijen, secretario general de la Cámara de Comercio y Servicio de Ciudad del Este, sostiene que el 100 por ciento de los comercios (unas 4.700 empresas) han debido cerrar sus puertas, rescindiendo más del 50% de los contratos laborales, con lo que se están perdiendo más de 50.000 empleos locales. Ingresos calculados en más de 500 millones de dólares al mes se han reducido prácticamente a cero y no existen perspectivas de que eso pueda cambiar en un futuro inmediato.
También los pobladores brasileños están muy afectados, como lo han demostrado en una manifestación realizada esta semana en el Puente de la Amistad, exigiendo también la reapertura.
Las autoridades del Ministerio de Salud han sido muy claras en que, ante la crítica situación que atraviesa el Brasil, actualmente considerado el tercer país con mayor número de contagios por Covid-19 en el mundo, constituiría un gran peligro para la población paraguaya volver a abrir pronto las fronteras.
El vecino país tiene más de 293.000 casos y unos 18.894 fallecidos. De hecho, la mayor cantidad de contagios detectados en el Paraguay son de personas de nacionalidad paraguaya que han sido repatriadas desde el Brasil y actualmente permanecen guardando cuarentena bajo control en albergues especiales. Por ello, no se puede precisar aún cuándo se podrá volver a abrir los pasos fronterizos.
Ante esta situación, el Gobierno debe prever mayores medidas de auxilio para responder a la acuciante necesidad de los pobladores de Ciudad del Este y de las demás localidades fronterizas, pero especialmente hay que apurar las acciones de reconversión de un modelo que ya no puede seguir dependiendo casi exclusivamente del poder de compra de los extranjeros y menos de la informalidad del tráfico fronterizo. Mucho antes de la pandemia, este modelo ya estaba en crisis ante las sucesivas coyunturas de cambios de monedas, de variaciones de políticas fiscales, como de combate al contrabando y otras formas de actividades ilícitas. El coronavirus solo ha agudizado la situación. Es el momento de dar un firme viraje de timón para formalizar la economía y la actividad laboral en estas importantes regiones del país.
