Una bochornosa situación se ha instalado nuevamente en la dirigencia del Instituto de Previsión Social (IPS), luego de que una de sus principales autoridades, el gerente de Prestaciones Económicas, Pedro Halley, haya asegurado a varios medios que se había detectado una situación de fraude cometida por varias empresas, al obligar a sus trabajadores a presentarse a cobrar el subsidio por la suspensión de contratos laborales, en el marco de la emergencia sanitaria, pero exigiéndoles que igual se presenten a trabajar, haciendo que el Estado les pague parte de sus salarios.
Halley indicó que al menos unas 6.000 empresas estaban siendo investigadas por haber cometido este tipo de delito, a partir de denuncias anónimas, asegurando que, de confirmarse plenamente, se trataría de un grave fraude y los empresarios serían procesados y obligados a devolver el dinero malversado al IPS.
“Esa irregularidad consiste en decirle al empleado ‘estás suspendido, pero vas a venir a trabajar igual y el IPS te va a pagar tu salario’. Entonces es un perjuicio enorme contra ese trabajador que en ese periodo percibe menos, no aporta y debería estar en su casa resguardado, que estar yendo y viniendo, a lo mejor expuesto a contagio”, señaló.
Según Halley, luego de identificar a las empresas que pudieron aprovecharse de los subsidios, la Dirección Jurídica del IPS deberá dictaminar y finalmente quedará en manos del Consejo de Administración tomar las medidas correspondientes para recuperar los recursos desembolsados.
Lo llamativo es que, a pesar de Halley habló a los medios como alto directivo del IPS, tras el revuelo que produjeron sus declaraciones y las reacciones adversas de gremios empresariales, las demás autoridades de la previsional intentaron negar la versión.
El presidente del IPS, Vicente Mario Bataglia, tras una reunión virtual realizada el miércoles, a instancias de la titular del Ministerio de Trabajo, Carla Bacigalupo, de la que participaron varios empresarios, cabezas de gremios, como Oliver Gayet, de Arpy; Luis Tavella, de la Federación de Mipymes del Paraguay; Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP; el presidente del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia; y el viceministro de Trabajo, Luis Orué, pidió disculpas a los empresarios por las declaraciones de Halley, asegurando que fueron hechas “a título personal”.
Para intentar salir del aprieto, prometió a los empresarios que investigarán a las empresas con base en un muestreo, ya que no pueden fiscalizar a las 6.000 de manera personal, para comprobar si algunas están en falta.
En general, resulta muy poco serio el manejo de un tema bastante grave y las dudas están instaladas. Si un alto directivo del IPS simplemente inventó que 6.000 empresas cometieron fraude, es grave.
Si el delito realmente existió en alguna medida, pero las demás autoridades no lo quieren reconocer, también es grave. Los asegurados y la ciudadanía merecen una explicación clara y transparente.
Es necesario despejar las sospechas con una investigación rigurosa y bien documentada, asumiendo las consecuencias.
