El domingo, durante el programa La Lupa en Telefuturo, el abogado Pedro Adrián Santander, quien formó parte de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, acusó al ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones Pablo Lezcano de haberlo coaccionado a él y a otros miembros del comité evaluador para cerrar aceleradamente el proceso de la compra.
Santander aseguró que Lezcano les trajo el expediente el 6 de abril, asegurando que ya estaba autorizado por el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y les presionó para que lo firmen el 7 de abril, como miembros del comité de evaluación. Por su parte, Lezcano negó haber ejercido tal presión, pero admitió que el ex director administrativo de Salud Alcides Velázquez les exigió sacar “en un día” la adjudicación a las firmas Eurotec o Imedic, debido a la necesidad de dotar de equipos a los hospitales ante la pandemia.
Velázquez también dio su versión, asegurando que las instrucciones las recibió de su propio jefe, el ministro Mazzoleni. Ayer Telefuturo divulgó un documento que determina que se habría adjudicado el contrato a las dos proveedoras antes de que el comité evaluador lo aprobara, y que recién después se les pidió que validen la operación, algo que el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, asegura que no correspondía hacer. Seitz confirmó que Salud pagó el anticipo de 18.000 millones de guaraníes sin la autorización de la DNCP, valiéndose de la Ley de Emergencia.
Las revelaciones han llevado al ministro Mazzoleni a presentar el domingo una formal denuncia ante el Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades en la compra, pidiendo una investigación, luego de haber dicho horas antes que tal denuncia criminal “no hacía falta”. Hasta ayer no se había aclarado la figura penal a la que alude la denuncia de Salud. Varios diputados han presentado también una denuncia similar.
Las distintas versiones y contraversiones de los funcionarios y ex funcionarios de Salud sobre las presuntas exigencias de aprobar irregularmente la compra revelan la persistencia de un esquema para hacer negociados con dinero público. A pesar de que las compras chinas fueron finalmente rescindidas, la comprobación de que altas autoridades habrían participado del intento de cometer un hecho ilícito pueden empañar los importantes logros sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Por ello, el ministro Julio Mazzoleni y las máximas autoridades de Salud deben aclarar totalmente ante la Justicia su responsabilidad en este caso.
La ciudadanía, que soportó estoicamente más de 70 días de cuarentena para equipar el sistema de salud, merece saber lo que pasó realmente con el manejo del dinero público.
