En estos tiempos de población reactiva, sería importante centrar uno de los reclamos en un tema que se viene debatiendo intensamente entre los universitarios, pero no logró concitar la atención mediática masiva, pese a ser de meridiana importancia. Hoy, el Parlamento tiene en sus manos un proyecto de Ley de Educación Superior que pretende, palabras más, palabras menos, volver cada vez más privativa la universidad pública y abrir un insondable abismo que puede conducir a la mercantilización y al empeoramiento de la calidad educativa en el nivel terciario.
Si bien es cierto que la universidad nacional fue encareciéndose, pese a los ingentes esfuerzos desplegados, lo que ahora viene empaquetado de la mano de algunos legisladores puede terminar poniéndole el RIP a esta historia.
Numerosas aristas cuestionables tiene este proyecto, que incluso es defendido por el actual ministro de Educación, Víctor Ríos, e impulsado cuando era diputado y su actual viceministro, Francisco Giménez, asesor de la Bicameral del Congreso entonces.
Uno de los puntos centrales es que la normativa que se tratará en el Parlamento sustituye la actual Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) por la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Anaces). Con esta modificación, que no es solo de siglas, se somete al libre albedrío de los intereses empresariales la educación superior. La habilitación de las universidades será una tómbola arrojada sobre la mesa, al mejor postor, mediante agencias privadas para ese propósito.
Si bien la calidad actual de nuestras instituciones universitarias es criticable, de una u otra manera aún se mantiene el pudor de no dejar pasar cualquier cosa. Si se aprueba el actual anteproyecto, vaya uno a saber en qué terminaremos convirtiendo a las instituciones terciarias y ni qué decir a los egresados.
Este hecho ya generó incluso una crisis sin salida visible aún entre el MEC y las instancias superiores de educación, atendiendo a que incluso se plantea la desaparición del Consejo Nacional de Educación.
Mirando en perspectiva, de aprobarse la actual propuesta, de estar al borde del abismo, daremos un paso hacia adelante. Una sana apertura a discusión nacional de un asunto de tal trascendencia sería la mejor salida a este tema.
De ser rechazado, queda otro proyecto, el que impulsa el Rectorado de la UNA, menos nefasto, pero que debe abrirse a una discusión nacional.
En la mañana de este jueves, los universitarios de capital e interior marchan hacia el Parlamento. Y si realmente existen tantos indignados en el país, en estos momentos, deberíamos acompañarlos.
