En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó en la tarde del miércoles que, luego de un trabajo de análisis realizado por la Procuraduría General de la República sobre el proceso que la familia del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por sicarios de la mafia fronteriza en 1991, inició ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha decidido allanarse ante la demanda.
El Gobierno reconoce que las acusaciones sostenidas por la familia del periodista, acusando que el Estado paraguayo no investigó debidamente el caso para castigar a los asesinos, permitiendo que el crimen quede en la impunidad, resultan completamente válidas y por tanto ha decidido que no las va a rebatir en un juicio internacional, aceptando cumplir con los pedidos de reparación.
Tal como lo ha explicado el propio procurador general, Juan Rafael Caballero, el Estado reconoce su “error” y se compromete no solamente a cumplir con los resarcimientos económicos, sino por sobre todo en asumir la reparación moral de lo que no se hizo en más de 30 años, principalmente en poner mayor celo para brindar seguridad y protección a la labor periodística, especialmente aquella que se realiza en situaciones de riesgo, al investigar e informar sobre situaciones de corrupción, crimen organizado y narcotráfico.
La postura asumida por el Gobierno ante la demanda internacional del caso Leguizamón constituye un hecho histórico que permite reparar una injusticia y a la vez abre posibilidades de fortalecer y proteger el trabajo de los periodistas.
En todo este tiempo, la Justicia fue cómplice de los asesinos de Leguizamón, creando una sensación de impunidad que permitió que la mafia siga matando a otros 18 comunicadores, según las estadísticas recopiladas por el Sindicato de Periodistas del Paraguay y por el Foro de Periodistas Paraguayos, reconocidas en un reciente informe “La seguridad de periodistas en Paraguay”, elaborado por la Mesa de Seguridad de Periodistas, integrado por varias organizaciones estatales y de la sociedad civil, con respaldo de la Unesco, donde justamente se plantea establecer un mecanismo de apoyo y protección al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.
De los 19 casos de periodistas asesinados, el único que tuvo una buena respuesta de parte del sistema de Justicia fue el del corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, ocurrido en 2014, en que autoridades de la Fiscalía y la Policía lograron atrapar al mandante del crimen, el entonces intendente colorado de la ciudad fronteriza de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, quien fue condenado a 30 años de cárcel, más 9 años de medidas de seguridad, así como la captura de dos autores morales, detenidos en Brasil.
La reacción del Gobierno ante la demanda internacional por el caso Leguizamón abre un antes y un después en los casos de persecución y asesinatos de periodistas, un logro que se debe agradecer a la tenacidad de los familiares del comunicador asesinado. Ante este nuevo panorama, urge que las instituciones del Estado avancen en el compromiso de brindar mayor seguridad a una de las funciones vitales para la democracia.