El director de Desarrollo de “Un techo para mi país”, Ignacio González, explicó hoy a Efe que su organización no gubernamental ha centrado en Haití sus mayores esfuerzos ante la urgente necesidad de resolver las enormes necesidades del país.
“Con motivo de cumplirse un año (el 12 de enero) del terremoto que asoló Haití nos hemos propuesto organizar dos mil voluntarios para en diez días construir mil casas”, señaló González.
Desde que naciera en Chile en 1997 con un grupo de universitarios coordinados por Felipe Berríos, “Un techo para mi país” ha construido miles casas en varios países de Latinoamérica.
Formada principalmente por estudiantes universitarios, “Un techo para mi país” tiene el objetivo de proporcionar un hogar digno a las personas más pobres al tiempo que les ofrecen oportunidades de prosperar.
“En América Latina nuestro presupuesto este año fue de 60 millones de dólares de los cuales 40 fueron solamente para Chile. El terremoto nos obligó a utilizar 30 para viviendas de emergencia. En menos de tres meses hicimos 24.000 casas con 80.000 voluntarios”, explicó Ignacio González, director de desarrollo.
“En Haití empezamos en abril. Nuestra meta para este año es construir mil casas y llevamos 826. En total pretendemos construir 10.000 viviendas en cuatro años, para lo que se necesitan 20 millones de dólares”, agregó González.
“En Haití -prosiguió- tenemos el terreno, las familias, la logística y los voluntarios y lo que nos falta son los fondos. Para eso nos estamos moviendo desde muchas áreas y hemos encontrado el apoyo de distintas empresas”.
González reconoce que Haití está pasando una “dificultad grande” y que además el país representa “problemas añadidos”, aunque se muestra optimista de cara al futuro.
De cara a la reconstrucción de las zonas más pobres “Un techo para mi país” sigue siempre las mismas fases, dos en la mayoría de los países y un tercero que de momento sólo han aplicado a Chile, donde comenzaron a realizar su labor hace ya 13 años.
El primero de ellos es el de la dotación de viviendas de emergencias para las familias, estructuras de seis por tres metros que elaboran entre ocho y diez voluntarios en dos días y que tienen un coste medio de 1.500 dólares en Latinoamérica y de 2.000 en el caso de Haití.
“No tienen ni agua, ni luz, ni alcantarillado. Es simplemente una vivienda con un suelo seco y un techo digno. Las familias tienen que pagar el 10% para involucrarlas en el sentido de pertenencia y también fomentar el ahorro. Tiene un impacto muy fuerte en un plazo muy corto y eso genera mucha credibilidad en las comunidades”, explicó González.
“La segunda etapa es lo que llamamos habilitación social, distintos planes que buscan romper el círculo de la pobreza desde distintos ángulos. Ahí trabajamos en el tema de la salud, la educación, los microcréditos, la capacitación de oficios y la asistencia jurídica”, agregó.
El tercer paso, sólo vigente en Chile, es el de la vivienda definitiva. De momento se ha conseguido alejar de los campamentos a 115.000 familias y el objetivo actual pasa por mover a las 20.000 restantes y convertir al país en el primero que los erradique.
Sería la continuidad a una iniciativa que comenzó con el nacimiento de la organización en el año 1997 y que tuvo un gran impulso en el año 2000, cuando consiguieron superar el reto de construir dos mil viviendas de emergencia y comenzaron a involucrar al sector privado, de donde obtienen el 95% de la financiación.
Otros pasos importantes se dieron en el año 2001, cuando los terremotos de Perú y el Salvador les animaron a ampliar las fronteras con respecto a su país de origen y en 2005, cuando recibieron una ayuda económica del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la actualidad el organismo ha llegado a 18 países de América Latina y ha construido 75.000 casas involucrando a cerca de 300.000 voluntarios universitarios, sin duda su mayor activo.
