El fiscal Silvio Corbeta imputó ayer a Ramón González Daher por presuntos quebrantamiento del depósito y hurto agravado y, a su abogada Emma González Ramos, por supuesta obstrucción a la restitución de bienes.
Esto, porque supuestamente utilizaron 16 cheques que habían sido sustraídos del juzgado de Delitos Económicos a cargo de Humberto Otazú, para iniciar un juicio ejecutivo, y presentarse a una verificación de créditos en una convocatoria de acreedores.
En el sorteo, fue designado el juzgado de Garantías 9, a cargo del juez Rolando Duarte quien deberá estudiar la imputación para la admisión, y luego fijar la fecha para la imposición de medidas.
Con respecto a RGD, pide que se mantenga la prisión, ya que está condenado en otra causa a 15 años; mientras que solicita medidas alternativas para la abogada González Ramos. La Fiscalía solicitó tres meses para presentar el requerimiento conclusivo.
DERIVACIÓN. El caso es una derivación de la causa en la que RGD está procesado por quebrantamiento del depósito y extorsión a cargo justamente del juez Duarte. En esta causa, con respecto al hurto de los cheques, se concedió el sobreseimiento provisional, por lo que se realizaron las pesquisas que faltaban. Fue ahí que descubrieron este hecho y lo remitieron a otro fiscal para abrir la investigación.
Según explica, el 13 de noviembre del 2019 el fiscal Osmar Legal, en su investigación por lavado de dinero y otros hechos contra González Daher allanó una vivienda del mismo, donde incautó varios cheques.
Según Corbeta, de estas evidencias, 471 cheques desaparecieron entre el 5 de febrero y 5 de agosto del 2021 del Juzgado de Humberto Otazú, a cargo de la causa. De esos documentos que desaparecieron, 16 estaban en poder de RGD con los que luego iniciaron juicios.
Cinco de los cheques eran de Dolly Librada Barreto, por un total de G. 78 millones. Con estos, el 20 de setiembre del 2021, la abogada González Ramos inició juicio ejecutivo en un juzgado de Asunción, alega el fiscal.
Los otros 11 de Emigdio Balbuena, por un monto total de G. 302 millones fueron usados para presentarse en un incidente de verificación de créditos, en el juicio de convocatoria de acreedores en otro juzgado de nuestra capital.
La Fiscalía asegura que la abogada González sabía que eran cheques hurtados, pero igual inició los juicios.
