Hace dos años, un 4 de octubre ,una joven madre, Natalia Godoy, fallecía luego de ser atropellada por una conductora que perdió el control de su camioneta. Natalia se encontraba esperando el colectivo, temprano en la mañana, para ir a su trabajo.
El accidente que acabó con la vida de la joven se registró sobre la avenida Mariscal López, a metros de la avenida Santa Teresa, en Fernando de la Mora.
Dos años después, sin embargo, la madre de Natalia Godoy sigue clamando por justicia y lamenta las constantes chicanas que se presentan para dilatar el proceso. La conductora Florencia Romero había dado positivo a las pruebas de alcoholemia, pero los resultados toxicológicos fueron excluidos.
El caso fue investigado inicialmente como homicidio doloso, en grado de dolo eventual, pero cambió a homicidio culposo por disposición del juez Miguel Ruiz ,en el mes de julio del pasado año. La madre de Natalia Godoy pide a la Corte Suprema de Justicia que la causa se vuelva a caratular como crimen. “Florencia Romero está en su casa, con prisión domiciliaria, pero quién garantiza que ella cumple con eso. Sus padres constantemente presentan chicanas y de la carpeta se sacó el caso de la droga”, cuestiona.
En la misma semana otro caso llamó la atención en el ámbito judicial. La Corte Suprema cerró un caso después de 18 años de que se hubiera iniciado.
Un notario había recurrido al Tribunal de Cuentas la sanción que le había impuesto el Máximo Tribunal el 7 de junio del 2004. El mismo falleció en setiembre del 2018, y recientemente la Sala Penal dispuso el archivo del caso. Esto fue, después de 18 años de iniciarse el proceso, finalmente, la Corte declaró inoficioso el estudio de una apelación contra una sanción hecha al escribano Lorenzo Livieres Banks porque el mismo falleció hace 4 años, el 5 de setiembre del 2018, una semana antes de cumplir los 91 años.
Un tercer caso publicado recientemente refiere que la Corte Suprema de Justicia tardó 21 años en darse cuenta de que faltaban las firmas de 109 funcionarios de la Municipalidad de Asunción, quienes habían planteado –en el 2001– una acción de inconstitucionalidad contra Ley de la Función Pública.
La acción solo estaba firmada por el abogado patrocinante.
La acción podría haber sido rechazada in límine en febrero del 2001, sin que pasaran 21 años, pero llama la atención que nadie se percató del simple defecto. Por esta razón, los artículos de Ley de la Función Pública estuvieron suspendidos durante dos décadas.
La dilación de algunos casos benefician a los acusados, cuando estos son cercanos a los poderes políticos o económicos son una constante, que lamentablemente son conocidos por la ciudadanía. También le son muy familiares a la población las demoras burocráticas en los procesos cuando los profesionales despliegan sus talentos para la chicanería, las cuales, pese a las denuncias y a algunos esfuerzos siguen vigentes en nuestro sistema.
Se debe entender sobre todo que sin una justicia pronta, eficiente, neutral e independiente el sistema democrático será débil, ya que la justicia parcialista tiene como consecuencia abusos y arbitrariedades, y en resumen más injusticias. Y mientras, la burocracia se demora, las madres seguirán clamando justicia para sus hijos.
La Justicia, a la luz de todos estos ejemplos mencionados, sigue contribuyendo a que el cáncer de la impunidad se siga extendiendo en la sociedad.