Esta pesadilla, sin embargo, también puede ser una oportunidad histórica. Es muy probable que el gobierno decida aplicar el plan del ministro de Hacienda, Benigno López, de suspender por dos meses o más todos los pagos de impuestos e incluso de servicios básicos a cargo de empresas públicas, como el agua y la luz. La idea es postergar todos los gastos de los empleadores buscando que mantengan la mayor cantidad de puestos de trabajo posible; y de los empleados, para que puedan seguir consumiendo.
Por supuesto que esto dejará sin sangre a un monstruoso aparato público que de alguna forma deberá seguir operando. Afortunadamente, el hecho de que hayamos estado haciendo bien las cosas en eso que algunos valoran tan poco, la macroeconomía, nos da el margen suficiente como para conseguir prestamos internacionales o incluso adelantos del Banco Central para financiar la actividad del estado mientras dure la mora tributaria.
A diferencia de Argentina o Brasil, por ejemplo, nosotros podemos incluso apelar en última instancia a la emisión de dinero (prestamos del BCP) y a la tregua fiscal sin que se dispare el riesgo de inflación ni se desbarranque por completo el déficit fiscal.
Igual estaremos rompiendo el cristal para casos de incendio. Esto es absolutamente excepcional y jamás debe volver a repetirse. Pero, si lo hacemos, su caracter único nos genera además la oportunidad de cambiar sustancialmente la forma como gastamos el dinero público. Que se trate de un recurso excepcional nos da la fuerza que se necesita para restringir y ordenar por fin el presupuesto público.
Por ejemplo, si vamos a endeudarnos para pagar el salario de los funcionarios, tenemos el derecho de exigir que se pague únicamente los beneficios que hoy tiene un trabajador privado. En esta crisis, solo ellos tendrán garantizado su salario, por lo tanto es lógico que se elimine cualquier privilegio adicional, desde ayudas vacacionales, presentismo hasta el subsidio de las tarifas de la luz. Cualquier beneficio extra solo puede contemplarse para los trabajadores de la salud y los de la seguridad. Todos los demás contratos colectivos de trabajo deben quedar suspendidos y sujetos a revisión.
Se debe reorientar todos los gastos absurdos de combustible, seguros VIP, viáticos y cuanta erogación burocrática innecesaria figure hoy en las cuentas de funcionarios de alto rango, legisladores y operadores políticos. Hay que borrar de un plumazo todo gastos relacionado con los parlasurianos, desde sus dietas hasta los operadores políticos colgados de su presupuesto.
Será el momento de dibujar un presupuesto radicalmente distinto. El plan de gastos del 2021 deberá mantener la reorientación de los recursos hacia salud pública y educación. La ocasión será irrepetible para debatir sobre la creación de un sistema universal de salud pública y la unificación de las cajas de pensiones.
La crisis nos dará la autoridad moral para exigir a la clase política la reducción de los subsidios a los partidos, la reorientación de royalties y recursos del Fonacide que reciben hoy gobernaciones y municipios, y aumentar la presión para que la justicia se depure y accione contra quienes se quedan con el dinero de la gente.
Esta pesadilla por la que vamos a atravesar tiene que cambiar por completo nuestra relación con quienes manejan nuestro dinero. Muchos no llegaremos al final de este horroroso capítulo porque la precariedad de los servicios públicos se cobrará más vidas que el virus propiamente. Grande serán el dolor y la bronca. En homenaje de quienes caigan debemos usar esos sentimientos para destrozar las viejas estructuras del poder y sentar las bases de una sociedad distinta. Que sea una guerra por la vida, una vida mejor para todos.
