Por Claudia Cardozo
CIUDAD DEL ESTE
Treinta personas supuestamente implicadas en un caso de desfalco de 500 millones de guaraníes fueron imputadas ayer por el Ministerio Público en Ciudad del Este por la comisión de los hechos punibles de estafa, lesión de confianza y asociación criminal.
Los procesados según el informe de la Fiscalía son: Elvio Samudio Arzamendia, Julio Alberto Rivas Muñoz, Alcides Colman Sandoval, Alcides Sosa, Rubén Darío Aranda Notario, Estanislao Franco Domínguez, Humberto Aníbal Galeano Cantero, Mirtha Elizabeth Silva Méndez, Germán Daniel López, Jorge Arnaldo Benítez, Eliseo García Cristaldo, Mara González Rolón, Roberto Insaurralde Benítez, Carmen Noemí González Arzamendia, Leonardo Vázquez y Mario Nicolás Villalba.
También fueron imputados; Juan Recalde, Luis Gilberto Ovelar Sosa, Juan Gualberto Domínguez Rojas, Alfredo Cubilla Rodríguez, Braulio Villalba, Zulma Liliana Atienza Luque, Mara Tomasa Rolón de Escobar, Óscar Ayala Ros, Mirtha Dominga de Ayala, Zenén Rolón González, Carlos Fabio Ocampos Giménez, Carmen Faría Villalba, Julio Alberto Rivas Muñoz, Gloria Cristina Vera Ruiz, Mara Nilsa Benítez Téllez.
La lista de la institución sigue con Hidalgo Alfredo Aranda Notario y Ramón Rubén López Rivas. Todos ellos son directivos y asociados de la firma Empresas de Transporte Alternativo de Ciudad del Este Sociedad Anónima (TR.AL SA).
La fiscala Natalia Montanía imputó tras una denuncia recibida el 17 de setiembre de 2009 por las víctimas Mario Naval Velázquez, Walter Duarte, Julio César Sosa Benítez, Salvador Portillo y Reinaldo Rodríguez Aranda.
Los afectados fueron contratados por los responsables de la empresa para transportar personas al departamento de San Pedro del Ycuamandyyú, servicio por el cual debían percibir 1 millón de guaraníes por día.
MITIN POLÍTICO
El gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, reconoció que las personas fueron trasladadas de Alto Paraná al segundo departamento para un mitin político y señaló que arbitrará los trámites pertinentes para que los transportistas puedan cobrar por el trabajo efectuado, según datos de la Fiscalía de la capital departamental, no se realizó ningún pago por lo que realizó la denuncia.