El hecho de que un director paraguayo de Itaipú gane G. 106 millones al mes, tres veces más que el presidente de la República (que gana G. 33 millones, incluyendo gastos de representación), que los directores de área ganen G. 103 millones, que los consejeros ganen G. 82 millones, que el director de la Entidad Binacional Yacyretá gane G. 90 millones, mientras hospitales y escuelas se debatían en la pobreza, era una situación que ya venía siendo cuestionada, pero ante la pandemia del coronavirus se volvió un modelo mucho más difícil de defender.
Fue así que primero el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso que se impongan topes a los sueldos altos y se recorten gastos superfluos durante tres meses, destinando los fondos a la salud. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores reactivó un proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
El lunes, en una reunión en la Cámara de Diputados, Duarte Frutos, acompañado por el director de Itaipú, Ernst Bergen, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Luis Villordo, se opusieron al proyecto de ley y defendieron los privilegios y altos salarios, sosteniendo que tales medidas no son viables si no son acordadas con los países vecinos que participan de las hidroeléctricas (Argentina en Yacyretá y Brasil en Itaipú) y que además no resolverán las desigualdades.
El argumento de que las binacionales son un Estado aparte dentro de los estados que participan en las hidroeléctricas y, por tanto, no pueden ser intervenidas al igual otros ámbitos de la administración pública ya ha sido rebatido en varias oportunidades. El Paraguay tiene plena soberanía sobre la mitad que le corresponde en ambas obras y puede decidir libremente como administrar su parte.
En la actual crisis resulta inmoral pagar sueldos astronómicos a personas que en muchos casos ocupan los privilegiados puestos por influencias políticas o de amistad, o como pagos por favores electorales, mientras miles de personas han perdido sus empleos por la pandemia y deben desafiar a la prisión o a la muerte para conseguir alimentos. Recortar salarios o privilegios quizás no solucionará una desigualdad estructural, pero brindará señales de una necesaria mayor austeridad en medio de la actual crisis.
La insistencia de Duarte Frutos y de los demás directivos en defender a un sistema que beneficia a pocos y da la espalda a las mayorías demuestra que un sector de la clase política no cederá ante la necesaria reforma del Estado, aun tras la crisis del coronavirus. Un dato que debe ser tenido en cuenta por la ciudadanía cuando deba elegir a sus autoridades.
