Editorial

Una comisión que no inspira confianza para negociar Itaipú

La Cámara de Diputados integró parcialmente la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú, exclusivamente con legisladores del partido oficialista, la mayoría de ellos con oscuros antecedentes e incluso procesados por la Justicia, lo cual no genera ninguna confianza y, por el contrario, merece el repudio de la ciudadanía. Es llamativa la miopía política o la soberbia de la mayoría de los diputados, quienes, conociendo la gran sensibilidad que existe en la opinión pública acerca de este tema, se atreven a imponer una comisión totalmente impopular y poco favorable a los intereses nacionales. De este modo, solo aumentan las sospechas de que el actual Gobierno no está a la altura para sostener una renegociación confiable con el Brasil sobre uno de los principales recursos energéticos del país.

La mayoría de los diputados colorados tienen una gran miopía política, no aprendieron del escándalo del acta secreta de Itaipú en julio de 2019 o tienen una gran soberbia para imponer sus intereses sectarios sin que les importe para nada lo que piensan sus electores.

Es lo que se puede interpretar tras conocer la resolución 3057, firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, que integra parcialmente la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, nombrando exclusivamente a diputados del oficialista Partido Colorado, la mayoría de ellos con oscuros antecedentes y muchos inclusive procesados por la Justicia.

Los miembros titulares son Justo Zacarías Irún, Cristina Villalba, Walter Harms, Colym Soroka y Ramón Romero Roa, mientras los suplentes son Del Pilar Medina, Avelino Dávalos, Basilio Núñez, Juan Carlos Nano Galaverna y Hugo Ibarra.

Entre ellos, Justo Zacarías es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos desvíos durante su gestión como gobernador de Alto Paraná (2013-2017). Cristina Villalba, conocida como “la reina del Norte”, fue parte del grupo político del ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, implicado en casos de narcotráfico y sicariato, condenado por el asesinato de los periodistas Pablo Medina y Antonia Almada.

El diputado cartista Avelino Dávalos está denunciado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Caazapá (2013-2018), con un perjuicio de G. 200.000 millones para el patrimonio del Estado. El diputado Nano Galaverna fue investigado porque todo un plantel de jugadores del club 24 de Mayo, de Ypacaraí, en el que Galaverna era arquero titular, cobraba salario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sin acudir al lugar de trabajo.

Evidentemente, al grupo que comanda la Cámara de Diputados, que responde principalmente al movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, nos le interesan ni la pluralidad democrática, ni la transparencia, y mucho menos la idoneidad de los miembros de la comisión que deberá acompañar una de las negociaciones históricas más trascendentes para el Paraguay, en defensa de la soberanía energética.

Aun conociendo la gran sensibilidad que existe en la opinión pública acerca de este tema, que se evidenció en julio de 2019, cuando se reveló que se había firmado un acta secreta sobre la compra de energía de Itaipú para la ANDE, en condiciones totalmente desfavorables para el Paraguay y favorable para el Brasil, que casi costó la destitución del presidente Abdo Benítez por juicio político, se atreven a imponer una comisión totalmente impopular y poco favorable a los intereses nacionales.

De este modo, solo aumentan las sospechas de que el actual Gobierno no está a la altura para sostener una renegociación confiable con el Brasil sobre uno de los principales recursos energéticos del país.

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