EFE
En una audiencia en Seattle, un panel de tres jueces escuchó durante más de una hora los argumentos del abogado del Gobierno y del representante del estado de Hawái, donde un magistrado emitió una orden el pasado marzo contra la prohibición de Trump.
La sesión se centró en la promesa que Trump hizo durante la campaña presidencial para implementar un “bloqueo completo y total” a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, unas palabras que según sus críticos muestran que la orden del mandatario se dirige contra un grupo religioso.
El representante de Hawái, Neal Katyal, defendió que existió “una mala fe” por parte de Trump al proclamar el veto migratorio, pues su verdadero objetivo era discriminar a los musulmanes.
El abogado argumentó que las declaraciones de Trump durante la campaña y los comentarios que hizo una vez que tomó posesión son “prueba” de que la orden migratoria va contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a cualquier individuo de la discriminación por motivos religiosos.
“No hay que ser Sigmund Freud para poder psicoanalizar a Trump y sus acciones”, consideró Katyal.
Frente a ello, el abogado del Gobierno, Jeffrey Wall, consideró que las cortes no deben “psicoanalizar” al presidente y han de juzgar la orden migratoria conforme a su texto y a las declaraciones que hizo Trump una vez que tomó posesión y juró proteger la Constitución de EE.UU. y no antes, cuando era candidato presidencial.
“No creo que el Tribunal Supremo o ninguna corte de apelaciones hayan tratado antes de limitar o anular una ley por los comentarios que hizo un ciudadano privado en una campaña”, argumentó.
En ese sentido, incidió en que Trump, ya como presidente, ha clarificado que su orden no se dirige contra los musulmanes, sino contra grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) y los países que los “protegen”.
El letrado también insistió en que Trump tiene plena competencia para emitir, como hizo el pasado 6 de marzo, un decreto para prohibir durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.
La audiencia de hoy supone un nuevo paso en la batalla legal contra el veto migratorio de Trump, quien ha criticado en varias ocasiones al propio Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito.
Ese tribunal falló en contra de su primer veto migratorio, proclamado el 27 de enero y que tuvo que ser sustituido por uno nuevo debido a los continuos reveses judiciales.
El segundo decreto, a diferencia del anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Después de la emisión de este segundo veto, un juez de Hawái y otro de Maryland bloquearon partes esenciales de la orden ejecutiva, de forma que el Gobierno recurrió y el pleito pasó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito y el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, ubicado en Richmond (Virginia).
Esa corte del Cuarto Distrito celebró la semana pasada una audiencia para estudiar el caso y aún no ha emitido una decisión.
Casi con toda seguridad, a pesar de los fallos de las cortes de apelaciones, el caso acabará en el Tribunal Supremo, que será el encargado de decidir sobre la constitucionalidad del controvertido veto.
